Ante el fenómeno Trump y los momentos difíciles que se avecinan, el presidente, Enrique Peña Nieto, tiene la oportunidad de seguir el ejemplo de su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien fue capaz de aprovechar una coyuntura internacional adversa para sacar a flote a su país, y para fortalecer su liderazgo interno.
Después de que Rusia reincorporó Crimea, y con ello la estratégica base naval de Sebastópol, Estados Unidos y sus aliados internacionales impusieron sanciones económicas a Rusia con el propósito de doblegar al gobierno de Putin y que “recapacitara” sobre su decisión.
Rusia, acostumbrada a importar productos agrícolas, autos y alta tecnología, sufrió las consecuencias. En respuesta, Rusia adoptó una agresiva estrategia para sustituir las importaciones, impulsar su industria y agricultura y, en general, fortalecer su mercado interno.
Al grado que después de dos años de que se implementaron las sanciones económicas, los resultados están a la vista, y resulta que hay países europeos que se lamentan de haber reducido sus exportaciones a Rusia, porque fueron ellos los más perjudicados.
Putin supo aprovechar la situación y le dio resultado, al grado de que es uno de los mandatarios con mayor aceptación a nivel mundial. Se diga lo que se diga de la democracia rusa.
En cambio, Peña Nieto no ha sabido aglutinar el descontento que han generado las agresiones y amenazas de Trump, ha demostrado tibieza y falta de capacidad para responderle al prepotente mandatario estadunidense.
El pasado miércoles, Peña tuvo la oportunidad, en su mensaje nocturno, de fijar una postura digna y soberana. Pero no lo hizo, sólo reiteró que México no pagará el muro fronterizo y dejó en veremos su encuentro del 31 de enero en Washington.
El jueves, dirigentes sociales y políticos de todos los colores le aconsejaron a Peña que no fuera a Washington, pero el mandatario estadunidense se adelantó y tuiteó que si no iba a pagar México el muro, entonces que no tenía caso el encuentro con Peña.
Después de eso, Peña dio a conocer, también en su cuenta de Twitter, que temprano le había informado a la Casa Blanca que no asistiría al citado encuentro.
Posteriormente, Trump le volvió a ganar la batalla, y subió a la red un nuevo mensaje en el que señaló que el encuentro con Peña se había cancelado de común acuerdo.
Peña ha desaprovechado la oportunidad de asumir el liderazgo nacional para enfrentar las amenazas de Trump, nombrar a su amigo Luis Videgaray en la cancillería no fue tampoco la mejor opción, ya que dejó en manos inexpertas el diseño de una diplomacia de altura a las circunstancias.
De entrada, el gobierno mexicano debe anunciar la suspensión de los acuerdos bilaterales en materia de cooperación militar y de seguridad con los Estados Unidos hasta que ambos países se sienten a negociar los alcances de la relación bilateral.
Sería una buena medida de presión, ante la paranoia que sufren los estadunidenses por su guerra contra el terrorismo, porque en materia de tráfico de drogas, al vecino país no le preocupa el desmedido consumo de sus habitantes, sino recuperar el dinero que es blanqueado allá para ingresarlo a sus arcas.
Por cierto, ¿Quién fue el genio que apresuró la entrega de Joaquín Loera El Chapo Guzmán un día antes de que Trump asumiera el poder?, el agradecimiento ya lo demostró el nuevo inquilino de la Casa Blanca, ¿o no?
¿Quién iba a decir que Peña tendría que dejar de mirar a la Casa Blanca y mirar hacia el Kremlin?
Sedena fija plazo para regresar a cuarteles y otras exigencias en materia de seguridad
Por primera vez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del consejero jurídico del general secretario, abrió sus cartas y planteó qué es lo que espera de la Ley de Seguridad Interior: De entrada, plantea un plazo para regresar a los cuarteles; demanda el derecho a recabar información (investigar, que es atribución exclusiva del Ministerio Público) e intervenir comunicaciones y a tener la facultad para declarar cuando hay afectación a la seguridad interior y lo que ello conlleva.
El penalista Juan Velázquez, asesor jurídico del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, precisó hace unos días en el foro organizado ex profeso en la Cámara de Diputados, una serie de planteamientos, entre los que destaca:
Un artículo transitorio a la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que se establezca que durante un lapso de 90 días naturales, a partir de que entre en vigor la reforma, la Fuerza Armada Permanente (militares y marinos) continuarán “las operaciones que esté realizando y que cesarán de inmediato al cumplirse ese plazo, si dentro del mismo no se dicta la declaratoria correspondiente”.
La exigencia de “que se otorguen expresamente a las instancias de seguridad nacional (incluyendo a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Fuerza Armada Permanente), facultades para que recaben información con fines de inteligencia”.
Se autorice a las fuerzas armadas “la intervención de comunicaciones privadas (mediante control judicial), especificándose a qué funcionarios se faculta para hacer la solicitud”.
Así como la integración de las fuerzas armadas en el Consejo de Seguridad Nacional, el cual sería una instancia “deliberativa, de coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de seguridad nacional” a las que pide se les otorgue la facultad de tramitar los procedimientos para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior con el argumento de que “pudieran tener una percepción inmediata y certera de la realidad de cada región del país”.
Dicen que en la vida no hay coincidencias. Velázquez, asesor jurídico del general Cienfuegos, dejó en claro cuáles son los avances de la ley en discusión, así como los temas en los que hay desacuerdo, además, precisó que faltan definiciones fundamentales sobre qué es seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior, además de la necesidad de incluir expresamente el término Fuerza Armada Permanente en las actividades de seguridad interior, el cual incluiría necesariamente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Y “que se precise que la competencia de las autoridades jurisdiccionales, para conocer las conductas de los miembros de las instancias de seguridad nacional, será según las normas que las rigen”, es decir, que si los militares cometen algún ilícito, sean juzgados por militares.
Excesos en el Canal Judicial
El Canal Judicial se ha convertido en un coto de poder y de beneficios para la directora Magdalena Acosta y su grupo de colaboradores más cercano. Ya es tiempo de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, investigue los hechos y deslinde responsabilidades al respecto.
Más allá de la poca capacidad demostrada por la directora, Magdalena Acosta Urquidi, para hacer del Cana Judicial un medio atractivo para el público en general, que refleje la inmensa actividad que realiza cotidianamente el Poder Judicial de la Federación, ésta ha permitido, solapado o impulsado acciones que sus principales colaboradores usen al Canal Judicial para su beneficio personal.
De entrada, Acosta debe explicar por qué la subdirectora general de Programación y Contenidos del Canal Judicial, Patricia Urías Álvarez, es al mismo tiempo directora general de la productora Águila o Sol, la cual vende servicios y producciones al propio Canal.
Nos dicen que no es el único caso de trabajadores de Águila o Sol que trabajan en ambos lugares.
También hay quejas al interior del canal por el uso para beneficio personal. Tal es el caso del personaje que tienen garantizado menciones, entrevistas, participaciones o notas –al menos una vez a la semana- en los espacios noticiosos, como es el caso de Marie Claire Acosta, directora de Freedom House México (hermana de la directora del Canal), o Ximena Andion, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, esposa de Jorge Israel Hernández Herrera, subdirector general de Contenidos y Vinculación.
Esto sin contar a la llamada “ministra sin cartera”, la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, quien aparece más en la pantalla del Canal Judicial que nueve de los ministros que integran el máximo tribunal. Ya que el ministro presidente, por la naturaleza de su cargo, se cocina aparte, así como Margarita Luna Ramos, quien mantiene a capa y espada su espacio semanal.
@jaranda24
