Jaime Nava

En la ciudad donde las autoridades en materia de seguridad autocalifican su trabajo con un 10 desde hace unos meses han comenzado a desaparecer mujeres. ¿Quién se las lleva? Se le pregunta constantemente al notario que aspira a cobrar sueldo como fiscal, pero lejos de ofrecer respuestas se ha dedicado a cuidar la imagen de un gobierno rebasado por la delincuencia culpando a las desaparecidas de su propia ausencia.

Viviana Elizabeth Vázquez Gutiérrez salió de su casa para ir a trabajar y no se supo más de ella hasta este lunes cuando fue encontrada en otro municipio con un disparo en la cabeza. Aparentemente en San Luis Potosí se puede trasladar a una persona con o sin vida por distintos municipios sin que ninguna autoridad se percate de ello.

Preocupado por disfrazar de progreso económico la cesión de los recursos naturales a empresas extranjeras, Juan Manuel Carreras López no ha sido capaz de usar sus cuentas oficiales en redes sociales o su aparato de comunicación social para emitir algún tipo de mensaje relacionado con la desaparición de mujeres o el asesinato de Viviana Elizabeth. En cambio, sí hizo públicas imágenes donde aparece muy sonriente cerca de quienes no sufren por la falta de un miembro de su familia. Que el gobernador no diga nada lo dice todo.

Hubiera sido mejor que Ricardo Gallardo Juárez también se mantuviera en silencio, pero no fue así. El presidente municipal sintió la necesidad de llenar el vacío dejado por el gobernador y dijo que todavía no le parece necesaria la alerta de género. ¿Cuándo, entonces? ¿Cuántas mujeres más deben desaparecer? ¿Cuántas más deben morir? La desaparición forzada de una sola persona debería bastar para terminar con la arrogancia política de quienes, por ejercer el poder, se sienten infalibles o mejores que sus antecesores.

Sus actos, declaraciones y silencios los exhiben como lo que son: insensibles, simuladores, ególatras, ineficientes, machistas y mal gobernantes. En lugar de aplicar el protocolo Alba diseñado para localizar a mujeres con reporte de extravío, el procurador Federico Garza Herrera prefiere perder el valioso y escaso tiempo en crear su propio protocolo “incluyente”. La maniobra de Garza Herrera parece encaminada a cuidar la imagen del gobernador y su propio puesto para ser premiado con el nombramiento de fiscal que tanto anhela.

A San Luis Potosí la esperanza que produjeron los “cambios” políticos le duró poco: los cuerpos no dejan de acumularse en los límites de los feudos gallardistas, las mujeres se vuelven humo, el agua se regala a empresas como Ford mientras hay colonias enteras sin acceso a ella desde hace años, la crisis amenaza la estabilidad financiera de miles de familias excepto las de quienes reciben cada quincena miles de pesos de dinero público.

El temor paraliza a la ciudadanía y de vez en cuando la posibilidad de linchar a un presunto delincuente libera la presión de quienes temen organizarse y dar la cara para exigir los derechos que continuamente se pierden. En redes sociales se reza por que aparezca un “justiciero” para devolvernos la tranquilidad que nos ha robado la delincuencia común y política. Avísenle al gobernador que a San Luis Potosí le sobra su sonrisa y le faltan mujeres.

Han pasado 326 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.

Han pasado 42 días y aún no sabemos por qué Cinthia Paola Castro no llegó a su casa

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos

¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!

@JaimeNavaN

 

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