Carlos López Torres
A pocos días de su toma de posesión el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez encontró que entre los pendientes heredados por las pésimas administraciones priístas que le antecedieron, había más de cien fraccionamientos y colonias no municipalizados, con la obvia carencia de servicios públicos debido a tal irregularidad.
Sorprendido por el irresponsable legado al que ineludiblemente deberá darle solución, sólo atinó a dar respuesta alegando que desconocía el problema y la cantidad de fraccionamientos irregulares, por lo que se comprometió a que una vez hecho el diagnóstico respectivo activaría la solución de lo que obviamente era un acto negligente, que además tenía que ver con el desacato de autoridades y fraccionadores.
Recientemente, el alcalde capitalino reconoce más 100 fraccionamientos sin municipalizar, cifra poco distante de la manejada al final de la administración encabezada por Mario García Valdez en 2014, quien después de reconocer 180 fraccionamientos y colonias cuando andaba en plena campaña, terminó diciendo por boca de la ex regidora Eloísa Landeverde Tovar, que al menos 111 fraccionamientos carecían de servicios públicos por no estar regularizados.
En una ciudad como la que habitamos, donde la información y la consulta a la ciudadanía sobre obras que supuestamente le traerán mejoría y bienestar, ha dejado de fluir y practicarse como ocurre con el caso del metrobús de Industrias y las obras de avenida Carranza, con la consecuente arbitrariedad e imposición de que son objeto miles de ciudadanos que han empezado a ver al gobierno y otras autoridades como “gente de la que hay que cuidarse”, y no como la autoridad que procura el buen gobierno.
Basta un simple ejercicio de imaginación para advertir cuáles son las condiciones que tienen que soportar los vecinos de esas más de cien colonias, donde al decir de Gallardo Juárez, carecen de alumbrado público, recolección de basura y seguridad pública, en medio del desastre urbano que revelaron las fuertes lluvias de días pasados que destrozaron pavimento en muchas zonas de la ciudad, reabrieron baches mal tapados y, en fin, colapsaron el drenaje, entre otros desperfectos.
Aunque se dice que de ahora en adelante los fraccionadores deberán atender la normatividad en materia de desarrollo urbano, lo cierto es que la reforma en esa materia dejada irresponsablemente pendiente por la anterior Legislatura local, deberá activarse y reglamentarse de inmediato, aunque con esos diputados que padecemos, más preocupados por supervisar y auditar a la Auditoría Superior del Estado, o de plano ocupados en buscar la reelección con excesos protagónicos, o participando en marchas conservadoras, seguramente pasarán otros años para que la ciudad capital se modernice como reiteradamente se cacarea. Por lo visto, la negligencia y el desacato se han institucionalizado, igual que la corrupción. ¡Vivan las instituciones!
