Jaime Nava
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) destina cada año cerca de tres millones de pesos para el pago de cuatro pensiones de los ex rectores José de Jesús Rodríguez Martínez, Alfonso Lastras Ramírez, Jaime Valle Méndez y Mario García Valdez, únicamente por concepto de “sueldo base” de las jubilaciones que reciben tras haber ocupado el cargo más alto dentro de la Universidad, siendo a los dos últimos rectores a quienes se les entrega una suma mayor mes con mes, según revelan documentos en poder de La Jornada San Luis.
De acuerdo con dichos documentos Mario García Valdez percibe mensualmente 126 mil 607 pesos correspondientes a 80 por ciento del sueldo que cobraba como rector; por su parte, Jaime Valle Méndez cobra 97 mil 795 pesos al mes que son equivalentes a 100 por ciento de su último salario cuando dirigió a la UASLP durante el periodo 1995-2004. Menor cantidad representa la pensión del fallecido Alfonso Lastras Ramírez, que es de 19 mil 713 pesos mensuales.
José de Jesús Rodríguez Martínez estuvo al frente de la Universidad en el periodo 1984-1986 y es al que menos dinero se le paga. El primero de octubre de 1986 envió una carta a Lastras Ramírez para solicitar su pensión; sin embargo, en la misiva pidió que el monto se ajustara a su sueldo como profesor de tiempo completo, razón por la cual recibe 213 mil 276 viejos pesos que, convertidos a nuevos pesos, en realidad son 213 pesos mensuales.
Pensiones contrarias a la normatividad
En 2004, cuando Jaime Valle Méndez concluyó su periodo como rector, el sueldo máximo que percibía era menor a 50 mil pesos mensuales; mientras que, en 2012, Mario García Valdez no podía cobrar más de 106 mil pesos; sin embargo, las pensiones que les otorgan son superiores a los sueldos que se les pagaban cuando eran funcionarios de la Universidad aún y cuando este hecho contraviene la propia normatividad interna de la UASLP.
El artículo 18 del reglamento de pensiones por jubilación, vejez e incapacidad señala que: “en ningún caso, la pensión por jubilación excederá del pago correspondiente a su nombramiento o a la jornada máxima que le corresponda según este último”. Además, el tabulador de funcionarios de la UASLP vigente indica que Manuel Fermín Villar Rubio tiene un sueldo mensual de hasta 122 mil 212 pesos; lo anterior quiere decir que, jubilado, Mario García Valdez tiene ingresos superiores a los del actual rector en funciones.
Asimismo, existen inconsistencias en el estudio, dictamen y acuerdo de la pensión de Mario García Valdez. El artículo 35 del reglamento mencionado estipula que la Comisión Institucional de Pensiones turnará al H. Consejo Directivo Universitario las actas sobre trabajadores para que el consejo acuerde lo relativo a su pensión; no obstante, en el acta proporcionada por la propia UASLP donde debería aparecer la aprobación del porcentaje de pensión de García Valdez no se encuentra ninguna información más que su separación al cargo.
El silencio de la UASLP
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí intentó ocultar la información referente a las pensiones de los ex rectores en, por lo menos, dos ocasiones. En octubre de 2015 este medio realizó una solicitud de información para conocer el número de ex rectores pensionados y los montos que se les entregan mensualmente. En lugar de responder a la solicitud, la UASLP pidió una prórroga y finalmente nunca entregó la información.
Ante el silencio oficial se presentó una queja en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el estado (Cegaip), misma que quedó registrada en el expediente 5466/2015-3. Dentro de las constancias que integran dicha queja se pueden ver los intentos de la Universidad para evitar que se conocieran las cifras que reciben los ex rectores como jubilación. El 9 de marzo, la Cegaip ordenó a la Universidad que entregara “el monto total que aporta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de manera mensual que constituye un porcentaje de la pensión otorgada” a los ex rectores.
El jefe del Departamento de Recursos Humanos de la UASLP, José Alfredo Alonso Medellín, hizo caso omiso de la resolución de la Cegaip y el 25 de abril volvió a negar la información con el argumento de que no se trataba de información pública ya que el monto que aporta la Universidad al fondo de pensiones y jubilaciones proviene de “recursos autogenerados” que, a su consideración, escapan del ámbito de la Ley de Acceso a la Información.
Derivado de lo anterior, un ciudadano presentó una nueva solicitud para conocer la misma información. La UASLP actuó de la misma manera y no respondió la petición; empero, el ciudadano se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Cegaip que fue resuelto el 17 de agosto de este año.
Mes y medio después, el 26 de septiembre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se vio obligada a entregar la información que se ha presentado en esta nota.
