Ernesto Martínez Elorriaga
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentó la octava orden de aprehensión en contra de exservidores públicos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La dependencia estatal detuvo a Franco N, identificado como uno de los responsables de delitos de tortura y fabricación de pruebas en la agresión de fuerzas de seguridad estatal ocurrida hace nueve años, en la que murieron tres personas, al menos 20 personas fueron detenidas, otras tantas fueron lesionadas y golpeadas.
En total son 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, y de las ocho restantes se encuentran la del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y la del exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.
En conferencia de prensa, en la que participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como mandos militares y de seguridad federal y estatal, se informó de los operativos que se llevan a cabo en la entidad, particularmente los que se han emprendido contra la delincuencia organizada.
Como se recordará, el pasado 23 de abril fueron arrestados Jesús Agustín N, en la ciudad de Morelia, así como Ricardo Romeo N, en el municipio de Uruapan. Las acusaciones son similares, por abuso de autoridad, lesiones, entre otras. Las detenciones, aseguró el fiscal, fueron derivadas de una investigación sólida, técnica y jurídicamente sustentadas que permitieron establecer la probable participación de exservidores públicos estatales en los hechos registrados el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha.
El 5 de abril de 2017, habitantes de Arantepacua y alumnos de la Normal Indígena de Cherán mantenían retenidos al menos 50 vehículos –en un predio de esta comunidad–, la mayoría autobuses de líneas regionales y camionetas distribuidoras de mercancías, semanas antes de la llamada recuperación de unidades, que se convirtió en un ataque violento, acusando a los comuneros de haber sido los agresores.
Fueron el entonces gobernador perredista Silvano Aureoles y el titular de la SSP de Michoacán, Bernardo Corona, quienes ordenaron el desalojo. Hubo arrestos injustificados, maltrato a mujeres y hombres de la tercera edad y cateos sin consentimiento legal.
