Jessica Xantomila y Jared Laureles
El nivel de impunidad en los casos de desplazamiento forzado también es alto y un ejemplo de ello está en Chihuahua, denunciaron organizaciones civiles, las cuales documentaron que entre 2023 y septiembre del 2025 se presentaron 83 denuncias por este delito en la Fiscalía General estatal, pero sólo en dos se han alcanzado sentencias.
Serapaz, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, advirtieron, sin embargo, que en el caso de El Manzano si bien se obtuvo sentencia, “no ha sido judicializada” y los responsables siguen viviendo en la zona.
Explicaron que fue a través del Portal de Transparencia como pudieron tener información sobre las denuncias recibidas en la fiscalía y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua, como parte de los trabajos de la Misión Civil de Observación realizada en ese estado en mayo pasado.
En conferencia de prensa, Yareli Rivera, de Serapaz; Saulo Loya, del Centro Tlachinollan; y Nataniel Hernández, de la Red TDT, indicaron que el informe final sobre sus labores será presentado mañana ante la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Arturo Medina, así como a la coordinación de asesores de la Presidencia.
Destacaron que es necesario que el Estado mexicano reconozca de manera oficial el desplazamiento forzado interno del país y reiteraron el llamado para que se apruebe una ley general en la materia “que establezca competencias claras entre los distintos niveles de gobierno, mecanismos de prevención, atención, protección, reparación integral y soluciones duraderas” para las víctimas.
Refirieron que la misión de observación incluyó la visita a las ciudades de Parral, Delicias y Chihuahua, donde integrantes de las organizaciones civiles se entrevistaran con 200 personas desplazadas, quienes provenían de diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y la Sierrita. Así mismo, se documentaron casos en Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
Rivera explicó que entre las causas del desplazamiento forzado están el contexto y la disputa territorial, la reorganización del crimen organizado y la violencia. “La misión se ha centrado principalmente en los impactos en la sierra Tarahumara, que en parte se encuentra en la zona conocida como Triángulo Dorado con condiciones geográficas que propician la siembra y el trasiego de drogas, además de su riqueza forestal y mineral”.
Señaló que en este contexto, actores relacionados con “grupos criminales, gubernamentales y empresariales son quienes principalmente se disputan el territorio”.
