Ataques en Valles, situación crítica

María Elena Yrízar Arias

En las primeras horas de ayer estallaron bombas molotov en el Juzgado Primero del Ramo Penal de Ciudad Valles, la principal ciudad de la Huasteca potosina, ubicado en bulevar México-Laredo, a la altura del puente Lagartija. Este lamentable hecho no debería ser tomado tan a la ligera como si fuera algo aislado. El ataque se hizo lanzando las bombas al interior, rompiendo los vidrios de la ventana de dicho juzgado, por eso el fuego se propagó  inmediatamente y consumió papelería, así como mobiliario, que fue apagado por los bomberos de aquella ciudad.

Simultáneamente, en la colonia 18 de Marzo de Ciudad Valles fueron quemados unos botellones en la entrada de una tienda de abarrotes, donde se quemó solamente la puerta. A la una de la mañana fue quemada otra tienda de abarrotes en Tamuín –ubicado a 31.2 kilómetros de Ciudad Valles–, donde el fuego arrasó el local que era de madera. Asimismo, hubo otro ataque a un negocio de venta de mojarras, ubicado en la colonia San Rafael de ese municipio vallense, donde afortunadamente no prendió la gasolina que previamente le habían echado varios sujetos que pasaron por el lugar.

Lo que se debe tomarse en consideración por parte de las autoridades estatales es que, en el caso del ataque al Juzgado de Primera Instancia Penal, se trata de una agresión a una de las instituciones de la impartición de justicia en aquella zona, donde al parecer se quemaron varios de los expedientes de los procesos que allí se llevan a cabo. Lo delicado del asunto es que difícilmente se podrían recuperar algunos documentos importantes.

El presidente municipal de Ciudad Valles, Jorge Terán, había recibido diversas amenazas de un grupo criminal y le dejaron mensajes en unas mantas que le colocaron el pasado martes, e inclusive una de ella fue puesta arriba de una patrulla de la policía municipal vallense. Estos inaceptables hechos se están dando en plena Feria Regional de la Huasteca en la misma Ciudad Valles, lo que podría poner en peligro a las masas que concurren para disfrutar de los conciertos que artistas y de las instalaciones mismas, en el caso de que continúen los actos delictivos que  pudieran ser dirigidos en lugares público o donde se concentren personas.

Lo que es evidente es que se está ejerciendo presión para desestabilizar al gobierno, tanto municipal como estatal mediante la quema que se hizo anteayer de un vehículo en terrenos de la feria y ahora, después de la advertencia de las mantas, los incendios.

En la conferencia de prensa de ayer del procurador de justicia del estado, Federico Garza, señaló que se está verificando si los hechos tienen relación con las narcomantas e indicó que el presidente vallense, Jorge Terán, forma parte de la indagatoria. Además, sostuvo que no sabe si los ataques obedezcan a las amenazas que realizó un grupo criminal al alcalde. Agregó que analizan las situaciones que han prevalecido en días pasados, para determinar si se está llegando a una etapa crítica en materia de seguridad en el estado. Dio a conocer que el encargado de la Policía Ministerial en aquella zona es quien determinará si los actos delincuenciales están relacionados con las narcomantas que aparecieron en diferentes sectores de esa demarcación, las cuales de manera explícita arremeten contra el presidente municipal por supuestamente haber roto un pacto con un grupo del crimen organizado que tiene presencia en la Huasteca potosina.

Mientras la Procuraduría de Justicia se espera a que le manden el informe de la Judicial para poder saber con certeza qué es lo que pasó, el gobernador Carreras debería intervenir inmediatamente en este caso, que de por sí resultaría hasta peligroso no tomar cartas en el asunto. El ataque al juzgado es a una institución judicial del Estado, se ataca al Estado mismo, no al presidente municipal de Valles, y el Estado mismo no debe ser rebasado por ninguna otra fuerza, por ello, deberá considerarse que es una situación crítica, que se pudiera volver peligrosa. No hay que minimizar este problema.

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