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Julio Hernández López

No fue un acto desesperado o propio de un botarate: Silvano Aureoles Conejo fue a la Organización de Estados Americanos (OEA), el repudiado instrumento histórico de intervención de Estados Unidos en asuntos continentales, a sentar las bases para eventuales acciones “correctivas” contra el proceso político que se vive en México, denominado Cuarta Transformación.

Pedirle a Luis Almagro, tan dúctil ante los instrucciones del poder estadunidense, que “no deje solo a México en este escenario de riesgo que puede llevarnos a la configuración paulatina de un narcoestado”, es no solamente un acto de hipocresía redomada (Aureoles, el deficitario y cómplice gobernador de Michoacán, ¡denunciando un “narcoestado”!) sino una provocación sembrada, un antecedente formal en espera de evolución que “justifique” acciones contra un gobierno y un presidente de la República a los que buscan deponer por la vía que sea.

Aureoles, vale recordarlo, llegó al poder ejecutivo de Michoacán merced al empuje de Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos que encontraba en Silvano características similares a las suyas en cuanto a frivolidad en el ejercicio del cargo y proclividad sin remilgos a las mieles de ese poder. Michoacán, como otras entidades del país, suelen ser asumidas en términos de gobierno como un regalo para efectos de enriquecimiento, sobre todo si se practica una aceitada convivencia con los poderes criminales dominantes.

Convertido en el último de los perredistas en ocupar una gubernatura, pues Morena le ganó por la vía de Alfredo Ramírez Bedolla, luego que las autoridades electorales tumbaron a Raúl Morón, Aureoles Conejo se sentó en un banquito verde a montar un espectáculo itinerante de presuntas preocupaciones republicanas, a destiempo, y de rechazo a los narcopoderes, también a destiempo, cuando él ya va de salida.

Así, dijo ante el impugnado Almagro, en la sede de la OEA, también tan impugnada, que le movía la “preocupación por la profunda crisis de inseguridad que vive México” y por el riesgo de que en 2024 haya un “narcopresidente”. Consideró que es “urgente la participación de la OEA para que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema y auxilie en la revisión de la actual estrategia nacional de seguridad”. En pocas palabras, el todavía gobernador pretende que un personaje, Almagro, caracterizado por generar condiciones para golpes de Estado como el de Bolivia, se meta en los asuntos nacionales que, por difíciles que fueran, deben ser resueltos solo por los propios ciudadanos de esa nación.

La muerte de Mario Casarrubias Salgado, quien fue jefe del grupo delictivo llamado Guerreros Unidos, cierra de una manera brumosa una probabilidad de acuerdos con el gobierno federal para que ese personaje, clave en los sucesos que llevaron a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hubiese hecho declaraciones y revelaciones sobre aquellos hechos aún no esclarecidos en términos judiciales.

Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los jóvenes desaparecidos, declaró que “había una ruta de trabajo de acercamiento de las autoridades con esta persona, en el sentido de que pudiera aportar datos de relevancia para dar con los responsables de la desaparición de los jóvenes (…) había una ruta, sí había acercamientos con él, había diálogos que se estaban haciendo y estaban muy avanzados”.

Diabético e hipertenso, Casarrubias fue alcanzado en el penal por el covid-19, según la versión oficial, y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció. Y se llevó a la tumba la posibilidad de haber hecho declaraciones formales, judicialmente válidas. Aunque es de esperarse que en esos “diálogos” sin validez jurídica le hayan dado al gobierno obradorista datos y claves importantes sobre lo sucedido en Iguala, Guerrero. Por lo pronto, hoy habrá reunión del subsecretario Alejandro Encinas con los familiares de los desaparecidos ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.