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16 septiembre, 2015
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16 septiembre, 2015

Bancarrota financiera, austeridad e impuestos

Carlos López Torres

L o esperado. Conforme se acerca la formalidad en los cambios de mandos de las administraciones estatal y municipales, la diversidad de pendientes empiezan a cobrar forma millonaria; eso sí con la infaltable frase esperanzadora que asegura confianza en el sucesor, de quien dependerá la conclusión de las obras pendientes, dicen los incumplidos funcionarios que, al decir de la gente, se irán cargaditos no obstante.

Algunos diputados de la presente Legislatura han prometido en su primera aparición que no les temblará la mano para buscar disminuir, aunque sea mínimamente, la invencible corrupción y su consecuente impunidad. Ya veremos, dijo un ciego…

Para el padre Gerardo Vagliety Rivera, vicario general de la Arquidiócesis potosina, por ejemplo, los ideales de la Independencia “se tienen vigentes” debido a la situación de ciertos sectores sociales, pues no existe bienestar general, falta crecimiento económico, de justicia y de paz. Vale la advertencia del vicario general ante el mareador ambiente patriotero. Como dice el refrán: vale más un grito a tiempo que un sermón mal deletreado.

Las justificaciones son variadas, dependiendo del daño causado al erario, reflejado por más que se pretenda ocultar en faltantes financieros, pasivos, obras inconclusas, etcétera; el caso es que en las tradicionales arcas abiertas, el justo peca, como dice la conseja popular.

Así, mientras la alcaldesa de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo, promete ante los manifestantes que le reclaman las obras sin terminar, que será su hijo una vez que tome posesión del cargo heredado quien se encargue de cumplir, otros fijan hasta fecha y dicen dejar efectivo para la conclusión de los pendientes. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.

Otros funcionarios como el tesorero municipal, José Bolaños Guangorena, aseguran estar gestionando un presupuesto a fondo perdido ante la Secretaría de Hacienda, de un programa federal para cubrir pasivos de apoyo a 25 ciudades que tengan problemas de adeudos como pago a proveedores. La suma según el tesorero sería de 500 millones de pesos para sanear las finanzas municipales.

También para sanear finanzas estatales al final de la administración, después de la aprobación de la cuenta pública de 2014, Jesús Conde Mejía, titular de la secretaría del Ramo, dice esperar 300 millones de recursos extras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque no para allí la cosa, pues asegura llegarán otros 100 millones de pesos de la misma dependencia federal, más 50 de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, no dice cuáles dolencias presupuestales serán saneadas, ni cuál el monto que se aplicará a los huecos dejados.

Lo cierto es que la cobija no alcanzará en ningún caso, ni en ninguna dependencia. La bancarrota es una realidad, como la consecuente austeridad en el gasto público es un hecho, con todas las consecuencias para el pueblo, quien al final de cuentas habrá de ajustarse el cinturón, mientras los gobernantes mantendrán sus altos sueldos.

Por lo pronto los diputados entrantes ya se aprestan a defender sus ingresos, aunque muy pronto al discutir y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de la administración estatal y los 58 ayuntamientos de la entidad, veremos cómo cumplen el compromiso que dicen tener con sus representados. Al tiempo.