De la congeladora al microondas

Carlos López Torres

Y a de salida, con lo que queda de un Congreso local cuya gestión quedó a deber mucho más que los anteriores, los diputados del partido del gobierno pretenden combatir la parálisis legislativa de la que no lograron salir en todo este tiempo, proponiendo una iniciativa de trámite preferente, como la que le obsequiaron los integrantes de esa costosa comparsa del Congreso Federal a Peña Nieto, en los inicios del tristemente célebre Pacto por México.

Por supuesto, no hay un diagnóstico serio del marco jurídico actual que respalde tal pretensión, ni un informe de la Comisión del Congreso local designada ex profeso para abordar el tema del rezago legislativo, o sea, intentan eliminar la tradicional congeladora con su iniciativa de trámite preferente, una especie de microondas o fast track legislativo, ya que el abultado archivo de iniciativas en el ámbito parlamentario “compromete en todo sentido a la funcionalidad de la democracia”, dicen en la exposición de motivos los levantadedos tricolores.

Como si el titular del Ejecutivo no fuera prácticamente el mandón de la Cámara de Diputados, como si realmente existiera en la práctica la división de poderes y el Legislativo fuera un verdadero contrapeso de la discrecionalidad con la que actúan los gobernadores en turno, los diputados del PRI proponen en la multicitada iniciativa que cada periodo ordinario de sesiones el primer mandatario presente dos iniciativas de trámite preferente para agilizar los proyectos que considere primordiales para el estado.

Los grupos parlamentarios, por su parte, tendrán asimismo la posibilidad de presentar una iniciativa preferente cada periodo ordinario, aunque los ciudadanos de a pie, quienes según la Constitución Política local también tienen derecho de iniciativa popular, ni siquiera son mencionados para ejercer la prerrogativa que se intenta hacer valer para el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo anterior, no obstante el reconocimiento de parte de los diputados de que la existencia de la institucionalizada congeladora, causa problemas como la disfuncionalidad o inadecuación del marco jurídico y de la sociedad en su conjunto, cuyos causantes cautivos pagan los elevados salarios, prestaciones y prerrogativas exageradas de los diputados, dicho sea de paso.

Aunque en el texto de la iniciativa supuestamente reactivadora de la ancestral modorra legislativa, los proponentes del partido de los tres colores dicen reconocer que “la labor básica de los diputados es representar a los potosinos en el Legislativo”, pareciera que la omisión de los ciudadanos con derecho a presentar iniciativas obedece a un plan deliberado de conceder facilidades al Poder Ejecutivo para iniciar un alud de reformas y armonizaciones legislativas, dictadas desde Los Pinos, que aseguren el proceso centralizador del autoritarismo en curso en detrimento de la desaparecida soberanía del estado.

Lo anterior mediante el mecanismo de conceder 40 días naturales para que se dictaminen en comisiones las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo o algún representante de los grupos parlamentarios. En caso de que no sean dictaminadas, serán sometidas al pleno del Congreso para que la mayoría las apruebe. Así de sencillo. ¿Y la sociedad, supuesta beneficiaria, dónde queda?