Federico Anaya Gallardo
Poco después de la medianoche entre el 24 y 25 de octubre de 2023, el huracán Otis golpeó Acapulco en la costa de Guerrero. En ese momento era un huracán categoría 5, con vientos sostenidos de 275 Km/hr y ráfagas más rápidas y más letales. (Para comparar, cuando Katrina golpeó Nueva Orleans en 2005 era categoría 3.) Sin embargo, treinta y seis horas antes, a las cuatro de la tarde (16:00 horas p.m.) del 23 de octubre de 2023, en una conferencia de prensa cuyo video puedes ver en la Liga 1, la Conagua reportaba que Otis aún era solamente una tormenta tropical. Las autoridades civiles anunciaron su trayectoria (que no cambió) e hicieron recomendaciones de protección civil. (En la Liga 2 puedes consultar el comunicado de prensa respectivo.)
Te comparto, lectora, las ligas de la conferencia (37 minutos) y comunicado (4 cuartillas) de Conagua. Revísalas, porque aclaran que la Administración Federal realizó adecuadamente su tarea de monitoreo y advertencia. Más interesante, desde ese momento se advirtió que la presencia de aguas calientes en el Pacífico podría provocar que la tormenta se convirtiese en huracán categoría 1. La información incluyó datos acerca de ríos y presas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán señalándose cuánta más agua de lluvia podrían recibir sin riesgo. Se reportó cómo los puertos de Oaxaca ya estaban cerrados a la navegación de buques menores. Sobre la trayectoria de Otis no se dejó lugar a duda: entraría a tierra en el municipio de Acapulco de Juárez. La conferencia recibió preguntas del público –algunas venidas desde muy lejos. Las preguntas fueron razonables. Permitieron reiterar y ampliar los datos sobre capacidad de presas y cómo ubicar los refugios temporales.
Para el anecdotario: alguien preguntó si se esperaban lluvias en la Comarca Lagunera. Conagua aclaró que el impacto sería en Guerrero y las lluvias afectarían el centro del país. La Comarca estaba muy lejos. Dos días más tarde, cuando todas y todos habíamos visto el inesperado crecimiento de Otis a categoría 5, la nubosidad siguió sin alcanzar a Torreón –aunque sí llegó a Victoria en Tamaulipas y a Monterrey en Nuevo León. (Liga 3.) Ayer le decía a mi madre lagunera que seguro era un residente que no sabe que en la tierra del algodón, la sandía y el melón, si llueve, llovizna en septiembre.
Mi punto es que en lo general, el sistema de alertas funcionó adecuadamente. Las recomendaciones de seguridad dadas el lunes eran razonables –muchas de ellas confiando en la experiencia previa de la población ante fenómenos similares (permanecer a resguardo en el hogar pero, si en otras ocasiones su vivienda ha sido afectada por inundaciones o desbordamientos, es mejor buscar refugio con familia o amigos en zonas más seguras). Se indicó con claridad los lugares en que se podía consultar la ubicación de los refugios, señalando que estos se activarían de acuerdo con la evolución del fenómeno.
La pregunta ominosa es si estas alertas y preparativos bajaron adecuadamente a estado y municipios. En la última semana hemos visto videos que muestran al personal de protección civil avisando en las playas que era necesario resguardarse; y se reporta que se ordenó perifonear la alerta por las calles de Acapulco. (Perifoneo: un vehículo con altavoces recorre las calles llevando las noticias a los barrios… aclaración para urbanitas de barrios gentrificados.) ¿Bastaba eso? El conocimiento que todas y todos tenemos acerca de la situación socio-política en Guerrero nos indica que la autoridad estadual y municipal en aquella entidad es débil. Conocemos que sus administraciones públicas están plagadas de problemas e ineficiencias.
Sobre eso ha escrito una y otra vez Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) en Rompeviento TV. (En la Liga 4 pongo un artículo de agosto pasado, revisa el carrete.) La falta de responsabilidad de las autoridades guerrerenses –pese a que en ese estado ganó Morena en 2021– se hizo tristemente patente ante los ojos de toda la ciudadanía cuando nos enteramos que el 26 de octubre de 2023, apenas 48 horas después del golpe de Otis contra Acapulco, la alcaldesa morenista de Chilpancingo (Norma Otilia Hernández Martínez) decidió seguir adelante con los festejos organizados para amenizar su segundo informe de gobierno. El diario opositor de la capital federal, Crónica, se regodeó en esta noticia (Liga 5): “despilfarró en una fiesta de la que no existe justificación de ningún tipo”; “la polémica alcaldesa festejaba con tremendo jolgorio como si no hubiera una emergencia en el estado”… Y tenía razón.
Al evaluar lo ocurrido, debemos estar atentos al modo en que funcionaron las autoridades estaduales y municipales. Y debemos ser exigentes. Como sea, la situación imperante en Guerrero antes del impacto de Otis en Acapulco sólo subraya la importancia de la intervención de la Federación para complementar a los gobiernos municipales y estaduales ante emergencias.
En este espacio he analizado (Ligas 6 y 7) que desde 1945 la única vocación viable y legítima de nuestras fuerzas armadas es atender los casos de emergencia a través del plan DN3. Dado que nuestras fuerzas armadas no se requieren para repeler invasiones extranjeras y no las deseamos usar para reprimir enemigos internos del Estado, entonces debemos aceptar que han de realizar funciones de protección civil y de seguridad pública. De lo último (las tareas de policía) he escrito largo. Pero de lo primero (emergencias) Todomundo acepta que es una tarea que deben realizar las y los militares, pese a que viola el venerable Artículo 129 Constitucional (esa vetusta norma que ordena que los soldados se queden en sus castillos). Hace un año dije que sería interesante ver una territorialización de nuestras fuerzas armadas de acuerdo con los tipos de riesgo de desastre en cada parte de la geografía nacional: zonas sísmicas, zonas de huracanes, zonas áridas, zonas propensas a epidemias. Y anoté, lectora, que es OBVIO que al atender esta función nuestras fuerzas armadas deberían coordinarse con autoridades civiles, municipales, estaduales y federales que atienden los ramos de construcción, comunicaciones, hidrología, salud y un largo etcétera. Hace un año dije que todo esto no significaba que estaremos “militarizando” esos rubros administrativos.
El Plan DN3 es un mecanismo administrativo ingenioso y ágil que evita a las autoridades civiles procesar las emergencias por la vía tradicional decimonónica: activar el Artículo 29 Constitucional y suspender garantías, decretando estados de excepción ante cada emergencia. En la mesa de Momentum del pasado lunes 30 de octubre de 2023 señalé que nuestros primos latinoamericanos tienen cierto regusto por suspender garantías y decretar Estado de excepción. Durante la pandemia de Covid-19 lo hicieron casi todas las repúblicas del subcontinente. México se negó, pero el 11 de mayo de 2020 el presidente López Obrador activó vía Acuerdo a las fuerzas armadas para reforzar las tareas de los tres niveles de gobierno ante la emergencia. (Liga 8.) Este acuerdo fue validado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Liga 9.)
El centro del arreglo de emergencias mexicano es que el mando de todo queda en las autoridades civiles. Aunque el presidente De la Madrid no aplicó adecuadamente el Plan DN3 en 1985, de acuerdo con el plan fue la Secretaría de Gobernación y la persona titular de la entidad federativa afectada (el entonces DDF) quienes estaban al frente de los trabajos. En 2023 se ha aplicado el mismo esquema. Por eso las dos personas responsables de la atención y reconstrucción de Acapulco son la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda.
Más allá de la formalidad y quién preside las reuniones de trabajo, importa saber qué es lo que ocurre en campo. (Menos escritorio, más territorio, Andrés Manuel dixit.) De acuerdo con una nota de Contralínea del 27 de octubre de 2023, dentro de las 48 horas siguientes al golpe del huracán, “por mandato presidencial, la titular de la Secretaría de Bienestar (SB), Ariadna Montiel Reyes, y 1 mil servidores de la nación fueron desplegados a las costas de Guerrero, para iniciar el censo de afectaciones a personas, viviendas, cosechas y comercios”. (Liga 10.) Algún amigo abogado, serio y comprometido (quien acaba de regresar a la Ciudad de México de Acapulco adonde fue con otra amiga abogada entusiasta a entregar ayuda) señaló el 29 de octubre acerca del despliegue de SB: “Cómo mandan a chavos con buena a intención a esa zona devastada. / La neta es una mala idea incluso para su seguridad”.
Gracias a una de esas servidoras de la Nación supimos que efectivamente hubo muchos saqueos, pues la gente necesitaba de inmediato agua y alimentos. Sin duda, la emergencia también fue aprovechada por la delincuencia. Pero la población aprovechó para explicar la situación a las y los servidores de la Nación que les entrevistaban: “nos piden disculpas por los saqueos… dicen que ellos no son así”. Este fenómeno también lo hemos discutido en las mesas de análisis. La necesidad de alimentarse se impone y, precisamente por eso, es indispensable que las autoridades que aparezcan primero en emergencias como esta sean CIVILES. Así que, en mi opinión fue una buena idea desplegar a las y los servidores de la Nación.
La otra autoridad que se desplegó de inmediato también fue civil: la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Han restaurado el suministro eléctrico. Al reportar su experiencia, la servidora de la Nación decía que se habían caído unos 15 mil postes de luz y unas 240 torres de alta tensión. Al principio, frente a la destrucción, muchos pensaron que se reestablecería el servicio en meses. CFE lo logró en una semana.
La servidora de la Nación también señaló que en aquellos primeros momentos “la presencia en todo el puerto es de CFE, bomberos y nosotros servidores que ya somos 1000 aquí pero ya mandaron a pedir 1200 más”. Por supuesto, las y los chavos empezaron a sufrir los estragos de su misión. La conjuntivitis les atacó. Pero siguieron delante. La ciudadana secretaria de Bienestar debería recopilar sus experiencias.
Llamé a este artículo la trampa de la necesidad porque, ante emergencias como la causada por el huracán Otis en Acapulco, es indispensable el despliegue de nuestras fuerzas armadas. ¿Significa que el mando civil se pierde? No. He señalado que, desde el lunes 23, cuando Conagua avisó de la inminente llegada de Otis, y hasta ahora, han sido las autoridades civiles las que han llevado la batuta de las acciones. Como debe ser. La presencia de los miles de muchachos, servidoras y servidores de la Nación nos recuerda que en estos asuntos la batuta no se lleva en escritorio, sino por todo el territorio.
Se difundieron imágenes de López Obrador caminando por la zona afectada por Otis, pero no he comentado lo que en mi opinión simboliza. (Te debo esas notas, lectora, para la semana que viene.) Pero vale la pena mencionar que, si el presidente López Obrador pudo mandar a las y los muchachos de la Secretaría de Bienestar a levantar el censo en Acapulco es porque él fue el primero en ir allá –sin importarle las condiciones de los aires y en los caminos.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.facebook.com/conaguamx/videos/707376844198389/
Liga 3:
https://zoom.earth/maps/satellite/#view=23.0842,-101.0784,7z/date=2023-10-25,12:00,-6
Liga 4:
https://www.rompeviento.tv/guerrero-un-estado-sin-salud-educacion-ni-seguridad/
Liga 6:
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/el-misterioso-poder-militar/
Liga 7:
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/que-dice-el-transitorio/
Liga 8:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0
Liga 10:
https://contralinea.com.mx/interno/semana/mil-servidores-de-la-nacion-son-desplegados-en-guerrero/
