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¿Qué pasa con la Plataforma de Transparencia?

Renata Terrazas*

El 5 de mayo es una fecha importante para la transparencia en México. Ese día, en 2015, se promulgó la ley general de transparencia (LGTAI) con la cual México se posicionó entre los países con mejores marcos normativos en la materia.

Ese mismo día, pero de 2016, se cumplió el plazo para que las 33 leyes de transparencia del país se armonizaran con la LGTAI y para que el Sistema Nacional de Transparencia lanzara la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta indispensable para hacer más accesible la información.

De las 33 leyes, 29 fueron armonizadas, por lo que podemos decir que es un buen saldo. Habrá que analizar cómo vienen las leyes ya que es común la interpretación regresiva del espíritu de los legisladores que reformaron el 6º constitucional, pero contar con 29 leyes reformadas es, sin lugar a dudas, positivo.

Por otro lado, el lanzamiento de la plataforma, hace dos semanas, ha sido una gran decepción. Con bombo y platillo fue presentada el 6 de mayo en un evento público al cual asistieron senadores, diputados, secretarios de Estado, comisionados del INAI, entre tantos otros funcionarios de alto nivel. Con beneplácito fue recibida por un público expectante de la herramienta que le facilitaría acceder a la información pública, que le garantizaría de mejor manera su derecho de acceso a la información.

La realidad ha sido otra, la plataforma ha fallado desde el día uno y a dos semanas, muchas personas no han logrado hacer solicitudes, no pueden acceder a las solicitudes que realizaron con antelación por lo que no pueden revisar las respuestas de las autoridades, no pueden meter recursos de impugnación, entre tantas otras fallas que, sin importar sean técnicas o no, obstaculizan el ejercicio de un derecho.

El problema de la falla de la plataforma no es menor. No es un tema tecnológico simple que no permite realizar una actividad, se trata de un error técnico que deriva en la violación de un derecho, y de manera muy lamentable, la violación proviene de aquellas instituciones que tienen como mandato velar por ese derecho.

La incertidumbre que la plataforma ha generado se acrecienta cuando cotidianamente las personas no pueden ejercer su derecho. Esta incertidumbre se ve alimentada por un silencio de los organismos garantes de la transparencia que no alcanzan a pronunciarse por lo que está sucediendo.

Se debe reconocer el reto que significa crear la plataforma, la multitud de sistemas que tuvieron que homologarse, la cantidad de información y requisitos, es mayúscula. Esta plataforma no es un repositorio de información, es un sistema en continuo movimiento y cambio desde el cual se hacen miles de solicitudes y de consultas en el ámbito federal y estatal.

Sin embargo, es importante reconocer que lo que está en juego es la garantía de un derecho, desde el cual, además, se garantizan otros derechos. La pausa de dos semanas con un sistema deficiente para acceder a la información ha derivado en falta de información para personas que pretenden ejercer otro derecho, que buscan realizar acciones relacionadas con el acceso a la justicia, para la realización de actividades de monitoreo y control ciudadano sobre las acciones del gobierno, y para la efectiva participación ciudadana.

Más allá de un discurso del ya merito, lo que pedimos es una comunicación clara y franca de los organismos garantes que nos permita entender qué está sucediendo, cuándo estarán solucionados los problemas, cuáles serán las sanciones para la empresa o empresas responsables del desarrollo de la plataforma y cuáles son los estados que se encuentran rezagados y que más allá de las fallas de la plataforma no han logrado homologar sus sistemas.

Además de ello, los organismos garantes deben ofrecer garantías al ejercicio de nuestro derecho, el cual no puede depender de una plataforma electrónica. Para todos aquellos que no pueden acceder a sus respuestas, que no pueden meter recurso de impugnación y que no logran hacer solicitudes, debe darse una opción para que las fallas de la plataforma no deriven en violaciones al DAI.

Cada vez más la población espera de sus funcionarios una comunicación más fluida. Con mayor razón, los organismos garantes, de manera especial, el INAI, tendrían que ser los primeros en rendir cuentas de frente a la población. Un derecho y una relación de confianza están en juego.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación