Poder militar intocable

• Nunca un civil en Sedena
• Caso 43: congruencia castrense
• Consolidación de impunidad

Julio Hernández López

El poder militar no es tocado en México ni con el pétalo de una rosa reformista menor. El pacto histórico con el poder presidencial civil implica que este no se meta en los asuntos de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina y, así, las élites directivas de estas mantendrán “apoyo” y “lealtad” a Los Pinos y, ahora, a Palacio Nacional.

Puede decirse que los militares son pueblo uniformado, pero no son pueblo sus élites ni sirven al interés popular los negocios extraoficiales que controlan o los actos represivos que realizan. Puede decirse que soldados y marinos obedecen las órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el civil a cargo de la presidencia de la República, pero esa solo es una frase hecha, pues en la práctica los mandos militares obedecen lo formalmente necesario y desobedecen lo que no les conviene.

Ese poder nacional paralelo, exageradamente potenciado a lo largo de este sexenio, como nunca antes, se desenvuelve conforme a camarillas cuyos integrantes obviamente se defienden unos a otros (el caso del general Cienfuegos y su salvamento de un proceso judicial estadunidense es un claro ejemplo de que no hay fisuras reales en los altos niveles de ese poder castrense).

Tan intocable es el poder militar que en México nunca ha habido un civil como titular de las secretarías correspondientes. Ni siquiera se discute, ni en procesos de alternancia de siglas partidistas en la Presidencia, el “derecho” de los militares de seguir al frente de esas secretarías. El presidente entrante puede “elegir” de entre la baraja de la cofradía, la hermandad. De auditar de verdad el ejercicio del presupuesto, ni hablar: el manto de la seguridad nacional cubre todo y ningún civil quiere incomodar a los generales y almirantes.

En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el poder militar es congruente en proteger a los suyos, en desoír a los civiles, en obedecer al Presidente de la República en algo de lo posible pero no en lo sustancial, en negarse a entregar material que incrimine a esas corporaciones y muestre las complicidades con negocios oscuros.

En el flanco obradorista se seguirán haciendo maniobras de ilusionismo para aparentar que se busca  justicia en el caso de los 43, con el procesamiento de algunos de los involucrados en ese crimen histórico pero sin ir al fondo del asunto, sin tocar las estructuras realmente superiores. Comisiones, fiscalías y subsecretarías no podrán hacer lo que le fue impedido hacer al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Con el fin del sexenio ya a la vista, todo apunta a una consolidación de la impunidad, a una transexenalidad de la mentira y la manipulación.

Astillas: A la hora de cerrar esta columna, el consejo general del Instituto Nacional Electoral desarrollaba una sesión extraordinaria en la que debería aprobar los lineamientos generales de los actos de ante precampaña que realizan las “personas inscritas” (corcholatas 4T y taparroscas Frente Amplio) en procesos partidistas para obtener un “liderazgo político”. Varios puntos del proyecto hecho circular con anticipación generaron objeciones de Morena… Gilberto Lozano, dirigente de la agrupación llamada Frena, presentó denuncia penal contra Xóchitl Gálvez en la Fiscalía General de la República, pidiendo se indague la presunción de que la senadora hidalguense provocó daños patrimoniales a la Nación… Respecto a la construcción del Tren Maya, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, con la participación de cinco jueces, entre ellos el mexicano Raúl Vera, quien fue obispo de Saltillo, declaró “de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya (…)  todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya”… ¡Hasta mañana!