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  • Sus nuevas preocupaciones
  • Aliada de Peña y Salinas
  • ¿Quién más?

Julio Hernández López

Formada en la izquierda no contaminada de priismo y muy apreciada en sus momentos de mayor congruencia, Rosario Robles Berlanga pasó en poco tiempo a estelarizar páginas oscuras del álbum político nacional, en compañía de personajes que la han marcado, como el empresario argentino Carlos Ahumada, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el también ocupante de la silla presidencial, Enrique Peña Nieto.

En ese contexto, ha sido de larga duración la guerra de acusaciones y maniobras: desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la jefatura del gobierno de la capital del país (en relevo de Robles, quien a la vez había entrado al cargo como sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas, que a su vez había dejado dicha jefatura para ser candidato presidencial en 2000), hasta el arribo de la expresidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, en el cual encabezó dos secretarías de estado, siempre entre tempestades políticas y acusaciones de irregularidades o franca corrupción.

Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, Robles Berlanga fue depositaria de las primeras acometidas fuertes del obradorismo contra un adversario interno. Rosario había sido secretaria de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas como primer gobernante capitalino democráticamente electo y luego lo sustituyó en el cargo. Personajes cercanos a quien luego sería presidenta del Partido de la Revolución Democrática aseguran que ella se quejaba por el maltrato y la abierta beligerancia de López Obrador, cuando apenas había rendido protesta este como gobernante chilango.

Ella, según las voces de su primer círculo, había ayudado en todo (recursos económicos y argucias electorales) para que ganara López Obrador. Recuérdese que, en aquella elección, el panista Santiago Creel estuvo cerca del triunfo, con un millón 460 mil 931 votos (el 34.29% del total) frente a un millón 608 mil 372 (37.75%) de López Obrador. En aquel año, Vicente Fox Quesada fue gran triunfador en el resto del país, pero en la capital no pudo transferir su imán electoral al nada carismático Creel. El tercer lugar lo tuvo el priista Jesús Silva-Herzog Flores, con casi un millón de votos (998 mil 109, representantes del 23.43 por ciento del total).

El choque entre el rosarismo y el andresismo tuvo momentos muy fuertes en el episodio de los videoescándalos que mostraron al empresario Ahumada entregando fajos de billetes al entonces perredista René Bejarano, sumamente cercano a López Obrador aunque ya no era su secretario particular. Ahumada, quien hacía pareja política y sentimental con Robles, propició el compló mediático y político contra López Obrador.

Luego de muy difíciles horas políticas y personales, Robles Berlanga (quien se había refugiado políticamente en Carlos Salinas de Gortari) encontró un camino de reinserción pública por la vía de Enrique Peña Nieto, a quien terminó sirviendo en dos secretarías, la de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Famosa es la frase de exoneración a título personal que Peña Nieto dedicó a Robles cuando ella enfrentaba acusaciones fundadas de usar recursos asistenciales para favorecer electoralmente al Partido Revolucionario Institucional: “no te preocupes, Rosario”.

Sin embargo, la hora de las preocupaciones ha llegado. Al menos en una fase de audiencia inicial y con secuencias que están por definirse. La clave del asunto se llama Estafa Maestra y proviene de señalamientos hechos años atrás por la Auditoría Superior de la Federación y luego retomados y ahondados por un equipo de periodismo de investigación integrado por Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, desde el portal Animal Político en asociación con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Habrá de verse hasta dónde se llega en este caso, pues Rosario Robles es una pieza importante, más no la única, de un proceso sistemático de corrupción que abarca a más exfuncionarios de alto nivel y a universidades de varias partes del país.

El presidente de la República ha expresado de manera abierta su respaldo a las reformas al código penal de Tabasco hechas por el congreso local para sancionar de manera ejemplar las acciones de protesta que cierren vialidades o impidan la construcción de obras públicas o privadas. A pesar de la oposición que han generado esas modificaciones, bautizadas mediáticamente como Ley Garrote, el máximo político tabasqueño se ha colocado en la misma línea que su promovido a gobernar la entidad sureña, Adán Augusto López Hernández, quien presentó la iniciativa tomada en firme para autorizar las nuevas penalizaciones.

Como en el caso de Baja California, que tendrá que ser resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prevé que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenten recursos ante dicha Corte para tratar de echar abajo las resoluciones tabasqueñas.

Es una estampa difícilmente imaginable en una ciudad largamente gobernada por una izquierda partidista que en términos generales ha rechazado las expresiones militares en aspectos civiles de la vida pública. Pero ayer aparecieron elementos de la Guardia Nacional (esencialmente militar) en estaciones del Metro de la capital del país, en un reconocimiento indudable de la grave situación de inseguridad que se vive en esta urbe antaño creyente de que no sería afectada por hechos de violencia salvaje como los que cotidianamente sufren en el resto del país. Hay tal inquietud social a causa del crecimiento delictivo que, en primera instancia, la presencia de esos elementos militarizados aporta dosis de necesaria confianza en que pueda ponerse un alto a los grupos criminales desatados. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.