seguridad
Canacintra está preocupada por hechos violentos que involucran a empresarios
30 septiembre, 2016
Deudas que no se pagan, y nuevas que se dejarán envejecer
30 septiembre, 2016

Ya tenemos la mejor ley de transparencia, ¿y ahora?

Renata Terrazas*

El 28 de septiembre se celebra el día internacional del derecho a saber. En México, este derecho se conoce como el derecho de acceso a la información (DAI) y se encuentra ampliamente vinculado con la transparencia gubernamental.

¿Tenemos algo qué celebrar en México? La realidad es que sí; a lo largo de los últimos 15 años, lo que comenzó como discusiones entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo en un foro en la ciudad de Oaxaca, sobre la importancia de acceder a la información pública, derivó en un reconocimiento constitucional del DAI y la construcción de marcos normativos garantistas.

En el estudio que mide la calidad de leyes de transparencia en el mundo (www.rti-rating.org), la ley general de transparencia de México se coloca como la mejor. De 150 puntos posibles, esta ley es calificada con 136, en donde de los diferentes elementos que se miden en este índice (el procedimiento de acceso, las excepciones a la apertura de información, sanciones y medidas de promoción, entre otras) el que recibe menor calificación es el componente de sanciones.

Si bien la ley general de transparencia mejoró el esquema de sanciones, con respecto al diseño normativo anterior, la realidad es que el procedimiento de sanciones en general, en el ámbito público, continúa siendo uno de los puntos flacos de nuestro Estado de derecho.

Una de las apuestas para la construcción de la ley general fue establecer un catálogo de acciones sancionables por parte de los funcionarios, sin embargo, desde la óptica de este índice, la ley de transparencia contempla de manera parcial, un sistema para sancionar a las dependencias, organismos públicos y autoridades que no entreguen información y no dota de inmunidad a los comisionados de los organismos garantes de la transparencia. Estas carencias, en conjunto, no habilitan esquemas de sanciones aplicables que refuercen la garantía del DAI.

Más allá de este tema en particular, el diseño normativo es muy bueno, de eso no podemos quejarnos. Establece reglas para el acceso a la información, las cuales dotan de certeza jurídica el procedimiento; contempla obligaciones específicas para los sujetos obligados de esta ley, fortalece el papel de los organismos garantes de la transparencia y en términos generales, establece un piso mínimo suficiente para un adecuado ejercicio del DAI.

Pero, si bien nuestra ley es la mejor del mundo, ello no se traduce en que seamos el país más transparente del mundo. En esta medición, los lugares siguientes los tienen países como Serbia, Eslovenia, India, Croacia, Liberia, El Salvador, Sierra Leona, Sri Lanka y Tunisia.

Podríamos hacer una comparación del ranking de estos países en el Índice de Percepción de la Corrupción, sin embargo esa comparación me parece ociosa. Es decir, continuar esperando que la transparencia por sí sola combata la corrupción es un tanto absurdo. Quizá, de hecho, la relación sea inversamente proporcional ya que la transparencia por sí sola, sin un sistema de rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo único que hará es exhibir más y más la corrupción.

Para que la transparencia y el continuo ejercicio del DAI caminen hacia la disminución de la corrupción se requiere atacar la impunidad, y esto jamás sucederá de manera aislada.

Quizá por eso, en el imaginario social mexicano se vea a la transparencia y al ejercicio del DAI como dos elementos inútiles en la construcción de un Estado de derecho. Quizá porque hemos pretendido que sólo asegurando este derecho y sólo mediante la creación de leyes podremos atacar la corrupción y la impunidad es que hoy muchas voces, en plena desesperación, ven a la transparencia sólo como un discurso político legitimador.

La realidad es que el ejercicio del DAI ha transformado la vida de personas y comunidades cuando se construyen estrategias de incidencia en el ámbito público; ya sea para la construcción de una clínica, la garantía de un derecho o el acceso a un programa público para alguna familia.

En el momento que nos encontramos en México, con la mejor de las leyes posibles, es pertinente pensar más allá del diseño normativo y aplicar la ley de manera que acceder a información pública sea una realidad y que vivamos una garantía del derecho a las personas a saber lo que sus gobiernos hacen, para de ahí plantear la ruta hacia el combate a la corrupción y la impunidad.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación