Guillermo Luévano Bustamante
Hace unos días, de visita por San Luis Potosí, el secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero, junto con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, anunció el apoyo del gobierno federal para impulsar el atractivo de la Huasteca potosina, en especial El Castillo y las Pozas de Xilitla.
Ahí se afirmó que derivado de la instalación de armadoras de automóviles como la BMW, la Ford y ya con la GM en la entidad, la infraestructura turística crecería, con la ampliación y construcción de 17 hoteles y la expansión del aeropuerto potosino.
Cuesta creer que la apuesta de crecimiento económico del gobierno estatal sea compatible con el abandono gubernamental de los sitios que en la Huasteca supuestamente les generan interés. Hace décadas que se ha desprotegido la región, incluso se ha promovido su desertificación desde la administración pública estatal al impulsar cambios de uso de suelo en una zona con vocación selvática para volverla de manera forzada una región ganadera, según demuestran diversos estudios, desde los años 70 del siglo XX.
Cuesta pensar que en sus proyectos de desarrollo no contemplen el altísimo costo de los megaproyectos que se autorizan por las distintas regiones del estado: La “gran y moderna” minería extractiva que devasta, la instalación forzada de confinamientos industriales que aquella parece exigir, las inconsistencias y dudas fundadas sobre las consecuencias del proyecto Monterrey VI que extraería agua del Pánuco para trasladarla hasta la capital de Nuevo León, la amenaza latente de llegada del fracking a decenas de municipios de San Luis Potosí.
Todos esos proyectos responden a otras lógicas distintas a la preservación de los territorios y más bien han servido de pretexto para el despojo de recursos y derechos a las comunidades y para el favorecimiento a unos cuantos intereses particulares, en tanto que comparten elementos comunes: escasa o nula consulta a los pueblos afectados, manejo muy reservado de la información, inconsistencias administrativas, logísticas y jurídicas.
Esos emprendimientos exhiben más bien que los intereses gubernamentales apuntan a un crecimiento sumamente desigual, se beneficia a unos cuantos empresarios, pero se empobrece a grandes núcleos poblacionales de San Luis.
Pero las resistencias se organizan. Del Altiplano a la Huasteca se han venido presentando oposiciones que poco a poco se vinculan y articulan sus luchas con organizaciones locales, nacionales e internacionales, que denuncian, que litigan, que conjuntan.
Si el gobierno del estado no cuida de los territorios de San Luis, ya lo están haciendo diversos grupos de la sociedad que poco a poco se organizan para resistir, para defenderse. Aquellos megaproyectos ponen en riesgo la salud y la biodiversidad, vulneran derechos y tratan de imponerlos por la fuerza. Pero hay gente que ya mira los efectos del desprecio gubernamental por la protección al ambiente. La creciente contaminación del agua, la tierra y el aire en diversas partes de San Luis están movilizando ya a mucha gente. Mas le valdría al gobierno estatal atender esos reclamos y reconsiderar sus prioridades.
