Por Claudia Herrera
Ciudad de México. El PAN acusó al PRI y al gobierno de Durango de tratar de ejercer una injerencia indebida en el funcionamiento del organismo público local electoral y pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) apoye a los consejeros que han sido presionados por mostrar imparcialidad.
Francisco Gárate, representante del blanquiazul, señaló en entrevista que su partido está en descuerdo con que se atraiga la organización de la elección y señaló que, en todo caso, piden que el INE “acompañe” al organismo local.
Y que además atraiga el proceso de remoción de la secretaria ejecutiva, Zitlali Arreola del Río, tema que destapó el enfrentamiento del organismo con el Tribunal local electoral, vinculado al gobierno estatal.
Expresó su respaldo al consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Juan Kato, quien junto con otros consejeros promovieron la salida de la secretaria ejecutiva.
En estos momentos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acompañado de sus homólogos, se encuentran reunido con representantes de los partidos políticos para definir cómo resolver los conflictos en el Ople de Durango.
A diferencia del PRI, que pide una mayor intervención del INE en esa entidad, Gárate dijo que el INE sólo supervise que se cumplan los lineamientos para temas como el PREP y respalde al organismo para que mantenga autonomía con respecto al gobierno local.
Este problema creció luego de que el Tribunal Electoral local ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IPEC) reinstalar a Zitlali Arreola del Río en el puesto de secretaría ejecutiva, lo que desacató el órgano electoral.
Por este motivo, el tribunal local determinó que el Organismo Público local de Durango no ejecutó una sentencia y lo instruyó a cumplirla en 24 horas, que se vencen hoy.
Ayer Kato declaró a los medios locales estar dispuesto a ir a la cárcel, si es “el precio por ser imparcial” aunque hoy fue restituida la secretaria ejecutiva.
Esto, porque en la sentencia del tribunal se advertía que si la autoridad electoral se negase a cumplir este mandato, “se traduciría en causa de responsabilidad de carácter administrativo, penal, y/o político”.
