Jaime Nava
A la Güera y Nona, pilares fundamentales del Centro de Documentación Histórica
Quienes nos gobiernan desprecian a la ciudadanía, a las leyes y la rendición de cuentas. Debe ser esa la razón por la cual después de cada periodo electoral en cualquier rincón del estado –o país– donde se ejercen recursos públicos no sólo no mejora la calidad de vida sino que los encargados de representar a la ciudadanía parecen más interesados en mostrar su incompetencia en lugar de poner todo su tiempo y empeño al servicio de quienes pagan sus sueldos.
Ejemplo reciente es la poca vergüenza que tiene el diputado Manuel Barrera (o sus asesores) para cobrar miles de pesos cada mes por un trabajo que no realiza. Un medio local dio a conocer que el diputado del Partido Verde plagió 25 párrafos de una propuesta presentada por la diputada panista Josefina Salazar Báez en abril de este año. Con inusitada desfachatez Manuel Barrera copió íntegramente un párrafo de la iniciativa panista que hacía referencia a las “‘líneas esenciales de los Pilares del Humanismo Político’ del Partido Acción Nacional”.
Seguramente fueron los asesores del legislador verde quienes se encargaron de comprobar que al interior del Congreso del Estado reina la ausencia de intelecto y que es ahí donde se reproducen, sin castigo, las prácticas más execrables que constantemente sirven para recordarnos que ellos están ahí para cobrar sueldos máximos con mínimo esfuerzo y no para que sus votantes sean dignamente representados. Verde debió tener la cara Barrera Guillén al saberse exhibido como un vulgar plagiario ya sea por haber mal calculado el alcance de su pereza o al enterarse de las consecuencias de no revisar el “trabajo” de sus impresentables asesores.
Pero sus compañeros de legislatura no se quedan atrás, de 27 diputados únicamente cinco presentaron su declaración patrimonial y de intereses a pesar de que –he ahí donde radica su cinismo– fueron ellos quienes aprobaron la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública que contiene la obligación de dar a conocer sus ingresos, vínculos que pudieran comprometer el desempeño de sus cargos entre otras cosas.
22 diputados fueron incapaces de ser transparentes porque de antemano saben que desde hace años lograron domeñar a la ciudadanía que en teoría representan y que idealmente tendría que ser la encargada de exigir la renuncia o solicitud de licencia inmediata de todos aquellos servidores públicos que se negaran a rendir cuentas con la celeridad y transparencia que cualquier sociedad requiere para mantener con vida lo esencial democrático.
La obligación de rendir cuentas también alcanzó a jueces, magistrados, funcionarios estatales y presidentes municipales; empero ninguno de los mencionados ha presentado los documentos que la ley indica. Entonces parece que en San Luis Potosí la ley –aunque sea aprobada por el peor grupo de legisladores en la historia– únicamente debe ser atendida por todas aquellas personas que no tienen charola, que no disponen de la fuerza pública o que no gozan del inagotable presupuesto público.
Quienes cobran del erario confunden el buen gobierno con la simulación de “ayudar” a la gente repartiendo migajas o brindando “servicios” pagadas con el propio dinero de quienes se desviven por los grandes ilusionistas que no pierden la oportunidad de hacer millonarios negocios vestidos de redentores.
Más ayudarían los falsos profetas si hicieran públicas sus declaraciones, ingresos, relaciones e intereses para que la ciudadanía, por la que públicamente aseguran sentirse preocupados, posea elementos adicionales para decidir si en futuras justas electorales se conforman con las dádivas que hasta ahora ofertan a cambio de dignidad.
Han pasado 179 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.
¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos
¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!
@JaimeNavaN
