Jaime Nava
De 2013 a marzo de 2016 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó 336 solicitudes de acceso a los datos conservados por empresas de telefonía celular, lo cual puede representar riesgos a la privacidad, seguridad y patrimonio de las personas si la información es obtenida para un beneficio personal, político o económico, de acuerdo con el informe El Estado de Vigilancia: Fuera de control publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
A través de diversas solicitudes de información R3D obtuvo el número de peticiones que han hecho las procuradurías en el país para acceder a los datos como parte de sus investigaciones. En el caso de San Luis Potosí, la PGJE presentó 106 en 2013; 90 a lo largo de 2014; 99 en 2015 y en el primer trimestre de 2016 se registraron un total de 41 solicitudes a compañías telefónicas, las cuales suman un total de 336. Llama la atención que tan sólo en los tres primeros meses de 2016 la PGJE presentara casi la mitad de las solicitudes totales anuales de 2014 y 2015; empero, el estudio mencionado no permite saber si en lo que va de 2016 se mantuvo la tendencia mostrada en el primer trimestre de este año.
No obstante lo anterior, la PGJE integró únicamente 243 averiguaciones previas y sólo fue capaz de ejercer acción penal en 12 de ellas, lo que representa 4.93 por ciento de efectividad. El estudio aclara que el número de solicitudes para acceder a datos no es equivalente al número de personas, cuentas o dispositivos afectados, toda vez que “en una sola solicitud se pueden requerir el acceso a datos conservados de varios usuarios”, por lo tanto no es posible determinar el número de personas que fueron vigiladas por la procuraduría del estado.
Desde 2009 las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de conservar datos (metadatos) de todos sus usuarios; sin embargo, en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aumentó el plazo de conservación de los datos a dos años, señala el informe. Entre otras cosas, los metadatos de los usuarios contienen información sobre “los números telefónicos de origen y destino de una comunicación, la hora, fecha y duración de la misma, los datos de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI); e incluso la localización de las antenas a las cuales se conecta un dispositivo móvil”.
La organización R3D advirtió que del análisis de la información que conservan las compañías de telefonía se puede “construir un perfil sumamente detallado de una persona, lo cual representa riesgos a la privacidad, la seguridad y el patrimonio de la misma”.
De manera general, durante el primer trimestre de 2016, entre la PGR, diversas fiscalías y las procuradurías estatales presentaron 35 mil 778 solicitudes de las cuales fueron rechazadas apenas 2 mil 966: “la empresa que más solicitudes rechazó fue AT&T con 63.5% de las solicitudes recibidas, seguido de Megacable (servicios fijos) con 46.6% y Movistar que rechazó el 8% de las solicitudes de acceso a datos de usuarios”. Telcel es la compañía que más solicitudes ha recibido y al mismo tiempo es la única que no rechazó ninguna de ellas.
