PRD: acto y recomendación “sin precedentes”
De pase de revista a mitin autoexpiatorio
Negociarán diputados a puerta cerrada
Los operativos ordenados por Juan Manuel Carreras López para combatir la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas de los municipios provocaron un extraño efecto migratorio. Procedentes de los distintos árboles de la administración pública, las aves de amarillo plumaje recibieron la instrucción de regresar al nido para intentar recuperar la confianza ciudadana perdida por los recientes hechos de violencia en los que han participado policías a su cargo.
Que el tema de la inseguridad no se use con fines políticos para golpear a los municipios gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, fue uno de los reclamos expresados por el dirigente de ese partido, José Luis Fernández, momentos después de que se repartieran cartulinas con insultos escritos dirigidos al gobernador y globos amarillos entre las más de trescientas personas que acudieron a la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez a lo que supuestamente sería un “Pase de Revista Público”, pero que poco tardó en convertirse en una especie de mitin autoexpiatorio gallardista.
Con mucha razón sus simpatizantes calificaron el evento como un acto “sin precedentes”, ¡y cómo no iba a serlo! si durante su intervención, el dirigente estatal del PRD le pidió al gobernador que atienda las demandas de los grupos criminales y despida a los agentes de la Policía Ministerial que el cártel del noreste ha denunciado en videos, audios y mantas. ¿Recibir asesoría política de un cártel? ¿En serio? Claramente esa recomendación no tiene precedentes.
A pesar de ir contra la lógica elemental, esa fue la petición que celebraron diputados, regidores, funcionarios y hasta el alcalde de San Luis Potosí, ahí presente. Extraña, por decir lo menos, dado que varios de los ministeriales señalados como presuntos criminales han sido los encargados de investigar las actividades del grupo criminal que los quiere ver despedidos, ahora con el apoyo del PRD. Las detenciones y los recientes operativos en las comandancias municipales de Soledad de Graciano Sánchez han sido planeados, dirigidos y ejecutados principalmente por ministeriales junto a su director José Guadalupe Castillo Celestino.
Por la tarde circuló un mensaje en el que se aseguraba que existe un “grupo delictivo” que trabaja con apoyo del gobierno del estado conocido como “Los Varelas” con dos objetivos: conseguir la renuncia del general Arturo Gutiérrez García a la Secretaría de Seguridad Pública e intimidar al cártel del noreste. El nombre de “Los Varelas” se deriva de un agente de la Policía Ministerial responsable de diversas detenciones de miembros del CDN.
Que los días de Arturo Gutiérrez al frente de la SSPE están contados, es un secreto a voces. Antes o después de su segundo informe, Carreras López tendría que hacer oficial su salida y dar a conocer su reemplazo. Mientras eso ocurre las revisiones a los policías municipales continuarán, hasta que queden limpias de infiltrados.
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Como seguramente ya saben que negociarán para favorecer a Enrique Flores y, de rebote, al resto de involucrados en el escándalo de corrupción, la discusión de los legisladores para decidir si avanza el juicio de procedencia en contra de Enrique Flores Flores o no será a puerta cerrada.
Las opciones de los diputados son pocas y claras: o van por el desafuero de su ex compañero o votan en contra para que el dictamen sea devuelto a comisiones para que le realicen algunas correcciones; es decir, que todavía pueden darse el lujo de proteger a Flores Flores torciendo al máximo la ley.
A escondidas, en el Congreso planearán cómo evitar que los miembros de la ecuación corrupta pisen la cárcel; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa las investigaciones. Hasta la fecha han declarado 15 de los 58 alcaldes citados por el Ministerio Público. Que sean tan pocos los que han atendido el llamado de las autoridades tal vez es evidencia de que algo esconden.
Con el tiempo se sabrá y, aunque ahora muchos se escudan en el fuero, a sus encargos les queda algo así como un año de vigencia, lo cual quiere decir que, por más que intenten esconderse o entorpecer los trabajos de la Procuraduría, sólo cuentan con 365 días de relativa paz.
(Redacción: Jaime Nava)
