Guillermo Luévano Bustamante
El Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí ha pospuesto la emisión de las sentencias en dos de los conflictos jurídicos de mayor relevancia en el estado: el conflicto socio-ambiental de Santo Domingo a causa de la pretensión de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula; y el litigio originado por la omisión del gobernador en realizar la consulta pública, previa, libre, informada, culturalmente adecuada, a los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.
La dilación judicial revictimiza a quienes se duelen de agravios jurídicos, administrativos, políticos y sociales. La causa de las disputas jurisdiccionales es la presunción inicial de grupos de la comunidad que se sienten en riesgo o con sus derechos y libertades vulnerados.
Es preciso, por supuesto, que las resoluciones contengan un análisis meticuloso de las situaciones en cuestión, es necesario que estén debidamente fundamentadas en la evidencia empírica, en los alegatos que sustenten las hipótesis formuladas, en razonamientos jurídicos, pero también, y sobre todo, en principios y criterios acordes con los derechos humanos y de las víctimas.
De modo que la salida judicial a esos conflictos relevantes en la entidad deberá estar sustentada más que en formalismos jurídicos en la incorporación de nuevas formas de articular, ejercer, observar, aplicar y construir el derecho.
Es previsible que, de concederse los amparos respectivos, en ambos casos las autoridades señaladas como responsables combatan ante instancias superiores las resoluciones.
Los dos conflictos son acompañados por diversas articulaciones de esfuerzos colectivos que desde la asesoría técnica y jurídica respaldan el sentir de las personas que se sienten agraviadas o en riesgo sus derechos. Colectividades de la población que solicitaron opiniones diversas de especialistas de distintas disciplinas reclaman con fundamentos concretos la reparación de daños, la restitución de derechos, la contención de acciones que consideran lesivas.
He hablado en otras colaboraciones de la importancia de recuperar las percepciones en las mediciones sobre la eficacia de los derechos humanos, porque más allá de ciertos indicadores alegres que vendrán con los informes gubernamentales, es preciso rescatar lo que las comunidades y núcleos de población sienten sobre su sistema de derechos. El grado de satisfacción y respaldo que se otorga a las autoridades que deben asegurar el cumplimiento de los derechos dice mucho sobre su funcionamiento en el terreno, más allá de su aseguramiento puramente normativo.
Las dos resoluciones pendientes ante el Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí podrían marcar precedentes valiosos en la defensa de los derechos de las colectividades en la entidad, puede constituir logros diversos de grupos tradicionalmente excluidos de los esquemas mínimos de derechos.
Las decisiones que han de concretarse en breve término pueden ser sumamente relevantes, incluso en el ámbito nacional. A esperar.
@guillerluevano
