Ignacio Betancourt
Se agota espectacularmente el presidencialismo. Roben, roben, todos mis funcionarios roben. Estatales, municipales y por supuesto federales, roben, roben, solamente una cosa no olviden: ¡quien roba más soy yo! pareciera señalar el señor presidente. Y el coro turbio resuena por todo el país: roben, roben. La cantaleta anida en millones de víctimas. Por ejemplo, declarado por la propia Auditoría Superior de la Federación 64.70 por ciento de los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas está sin comprobar; de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 72 por ciento “tienen un desempeño inferior a lo previsto”, lo dice el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El destino ineludible de todo funcionario (y sus compadres y comadres) es el saqueo de los dineros públicos recurriendo a las más imaginativas maneras, vocación institucionalizada, proverbial costumbre. Cuando la corrupción se vuelve sacrosanto requerimiento para la funcionalidad depredadora, nada debe escapar a sus fulgores. Si no robamos el país se pierde, piensa la casta de servidores públicos mientras se palmotean los bolsillos cada vez más abultados. Medrar es la sana costumbre de cualquier funcionario en turno aunque le llamen: Servicio Público (y si se es gran empresario le nombran: vocación de servicio). Todo a nombre de una población cada vez más depauperada. Y que las multitudes lo tengan presente: el camino al cielo es: ¡la pobreza o la destreza! (en saber conducir los dineros públicos a las cuentas personales de todo entusiasmado funcionario que se precie de serlo).
México no es un país, México es un botín. Así que el tiempo apremia, hay que robar ahora porque luego quién sabe si se pueda seguir tan formidable impulso. Justamente por ello, el secretario de Comunicaciones y Transportes muy encomiablemente hoy se desvive por ser un buen ejemplo. Lo más singular de tales realidades es que resulte casi imposible acusar de ladrón al ladrón pues todo el aparato jurídico ha sido construido para el florecimiento de la impunidad. Aunque todos sepamos que se vive en un país gobernado política y económicamente por criminales y ladrones resulta casi imposible probarlo.
Según recientes y oficiales informes, en siete estados del país ya se ha causado “daño al erario” por mil ochocientos cincuenta y ocho millones. ¿Cómo será la rapiña en los otros veinticinco estados? ¿Se sabrá algún día el destino de ese dinero? ¿Los culpables serán castigados? Bien podríamos los mexicanos contemporáneos hacer propias algunas de las palabras del Paciente Job en el Antiguo Testamento: “Quiero decir a Dios: ¡No me condenes! Dame a saber por qué me afliges así. ¿Es decoroso para ti oprimirme, desdeñar la obra de tus manos y favorecer los designios de los perversos?”.
