La Redacción
Ciudad de México. Al hacer una valoración de la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos, en su libro Pueblo, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador descalificó la actuación del embajador estadunidense en el país, Ronald Johnson, quien, señaló, no ha actuado como diplomático ni siquiera como político en su desempeño en el cargo. “Más bien actúa como un excitado y entrometido policía, debería ser más ecuánime y menos prepotente”.
En el capítulo Política Exterior y Defensa de la Soberanía, López Obrador sostiene que en política exterior no se debe pontificar en territorio ajeno. Por ello, cuestionó las advertencias que en su momento hizo Johnson cuando se descubrió la participación ilegal de la Agencia de Inteligencia Estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, la cual fue “contraria a una relación de soberanía y buena vecindad”.
Cuestiona términos de la relación bilateral
En su libro, que en general hace un recorrido de la historia política nacional, López Obrador se refiere a la coyuntura actual de la relación México-Estados Unidos y lanza cuestionamientos sobre los términos en que se ha desarrollado la relación en estos tiempos:
“¿Estarían de acuerdo los gobernantes del país vecino en que se juzgue en México a personal de las agencias o embajada por vínculos con narcotraficantes por hacer labor de espionaje en el país, por actos de violación de derechos humanos o participar en masacres en el territorio o permitir la entrada de armas de contrabando para asesinar a mexicanos como estadunidenses como ya vimos que sucedió en la operación denominada Rapido y furioso. O que se detenga en México a empresarios estadunidenses han participado entregando sobornos a funcionarios mexicanos o son dueños o directivos de empresas que cometen delitos graves por no pagar impuestos”.
En un apretado resumen que realiza sobre los términos de la relación bilateral reciente, López Obrador enfatiza en la solicitud de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador de esa entidad, Enrique Inzunza Cázarez, y ocho funcionarios o exfuncionarios por presuntos delitos vinculados con sobornos de narcotraficantes.
AMLO atribuye acusaciones a fines políticos
Para López Obrador, detrás de estas solicitudes se ha aplicado el modus operandi de casi siempre, esto es, el uso de testigos protegidos, su manejo publicitario, filtraciones y calumnias, así como el uso de guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, es decir, la fabricación de expedientes “con pruebas hechizas, premios o castigo o muchos otros viejos trucos, no hay duda de ese sucio proceder ni de que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadunidenses sobre que México es el causante de la drogadicción a Estados Unidos”.
En su publicación de más de 700 páginas, consideró que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el caso Rocha Moya fue acertada al precisar que, si había pruebas, se procedería porque el gobierno de la Cuarta Transformación, a diferencia de los de antes, no otorga impunidad a nadie.
El expresidente también recordó que Sheinbaum advirtió que, de no existir elementos para proceder y tratarse de una acusación con fines políticos, el gobierno mexicano denunciaría una intromisión del gobierno de Estados Unidos.
