Fernando Camacho y Enrique Méndez
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum y avaladas ya por el Senado, que buscan fortalecer el control del Estado sobre las adquisiciones de capital extranjero en empresas mexicanas de sectores considerados “sensibles”, para proteger la seguridad nacional.
Sin realizar cambios a la minuta del Senado, la mayoría conformada por Morena y sus aliados avaló los cambios por 321 votos en favor, por 106 votos en contra, de PAN, PRI y MC, por lo que el documento se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
La enmienda amplía la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para incorporar de forma permanente, con voz y voto, a las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital.
Asimismo, introduce un mecanismo de autorización previa y obligatoria por parte de la CNIE, el cual aplica a inversiones extranjeras directas o indirectas que pretendan superar 49 por ciento del capital de sociedades mexicanas que operen en sectores sensibles.
Entre ellos, figuran los de infraestructura estratégica, energía, minería, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, aeroespacial, telecomunicaciones y suministro de insumos críticos.
Cuestionan certeza jurídica
Al argumentar contra el dictamen, el panista Ernesto Sánchez hizo ver que la inversión extranjera disminuye en México, pues “de cada 100 pesos que entraron en el primer semestre (del año en curso), 88 fueron de utilidades para las empresas que ya estaban ahí y que decidieron retirarlas”.
Solo 8 pesos, enfatizó, “son dinero nuevo de alguien que llega por primera vez. Y en ese renglón, el dinero nuevo cayó 13 por ciento. Lo que sostiene estas cifras es muy claro: cada día llega menos dinero” de inversionistas extranjeros.
Aunque aclaró que su partido no está en contra de establecer criterios de participación externa en sus empresas –pues dichas medidas también las toman Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos-, el legislador advirtió que esta enmienda en particular “no le dice al inversionista a qué se va a tener en México”, y por ende le quita certeza jurídica.
A manera de ejemplo, señaló que el artículo 30 Bis de la Ley de Inversión Extranjera “exige un permiso cuando una empresa rebasa un porcentaje y un tamaño, pero este tamaño no está en la ley”, además de que permite a la CNIE “ampliar la lista de sectores sujetos a permiso, sin obligación de publicar esa ampliación”.
Morena defendió la iniciativa
Por su parte, en defensa del dictamen, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Dolores Padierna Luna, indicó que “la apertura a la inversión extranjera no debe significar renunciar a la capacidad del Estado para proteger los intereses estratégicos de la nación”.
En ese sentido, llamó a no “subordinar el interés público a intereses particulares”, y afirmó que México “necesita inversiones, tecnología, empleos y crecimiento, pero también preservar su seguridad nacional y su capacidad de decisión sobre sectores estratégicos”.
De esta forma, destacó que “por primera vez, y por razones de seguridad nacional, las adquisiciones extranjeras en sectores estratégicos tendrán un régimen público que proteja la soberanía de la nación en sus redes eléctricas, centros de datos, cadenas de suministro y en la información de millones de personas. Soberanía y prosperidad no compiten, se refuerzan”.
Asimismo, apuntó que no se revisarán todas las inversiones extranjeras, sino realizar un “escrutinio focalizado”, únicamente cuando la inversión extranjera pretenda ser mayor a 49 por ciento del capital de una sociedad mexicana; rebase el umbral de los activos fijado por resolución general u opere en un sector sensible, como la infraestructura estratégica, las tecnologías críticas, las materias primas y el agua; la producción de alimentos, y los datos personales.
