Únicamente nueve servidores públicos han presentado su 3 de 3 a pesar de que la fracción décimo séptima del artículo 84 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí obliga a diputados, gobernador, jefes de departamento, presidentes municipales, magistrados, jueces, agentes de tránsito, entre muchos otros, a presentar la versión pública de las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos la declaración patrimonial debe ser presentada durante mayo de cada año. Por su parte la ley de transparencia estatal indica que dicha declaración debe hacer pública a más tardar 15 días después de la presentación que realicen los servidores públicos. Lo anterior quiere decir que al día de hoy todos los documentos tendrían que estar al alcance de los potosinos.
Locales
El grupo de los nueve está compuesto por cinco diputados locales, una senadora, dos diputados federales y el gobernador del estado. El mandatario estatal por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones provenientes de su cargo público recibe 626 mil 968 pesos al año. Entre 1990 y 2011 adquirió junto con su esposa cinco propiedades entre las que destaca un departamento en el Distrito Federal con un valor de 3 millones 297 mil pesos. Igualmente tiene participación “voluntaria” en el Instituto Educación Productiva SC.
En los documentos presentados por los legisladores locales resalta que tanto Martha Orta como Gerardo Serrano aseguran que iniciaron su cargo como diputados el primero de septiembre del 2015 cuando su toma de protesta fue el día 14 del mes señalado.
Enrique Flores Flores dijo que su esposa se desempeña como auxiliar administrativa en la Secretaría General de Gobierno desde 2008. Por su parte el esposo de Josefina Salazar Báez ha trabajado en la Contraloría General del Estado desde 1999.
Asimismo, llama la atención que los legisladores aseguren que perciben ingresos distintos, pues mientras la diputada panista Josefina Salazar Báez dio a conocer que su remuneración anual es de 352 mil 227 pesos, su compañero de partido, Héctor Mendizábal, declaró 256 mil pesos como el monto total que percibió en el mismo periodo, aunque durante ese tiempo él se desempeñó como dirigente del Partido Acción Nacional.
La situación patrimonial de los legisladores locales también presenta diferencias significativas: al tiempo que los panistas Enrique Flores y Josefina Salazar se dijeron dueños de una casa de 4 millones 200 mil pesos y un millón 150 mil pesos, respectivamente; Martha Orta reportó una propiedad en Soledad de Graciano Sánchez con un valor de 120 mil pesos. Tanto el ex dirigente panista como Gerardo Serrano aseveraron no poseer bienes inmuebles; no obstante, Serrano Gaviño publicó nueve propiedades que suman más de tres mil metros cuadrados y que fueron adquiridas por sus padres entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 1997.
Federales
En lo concerniente a los legisladores federales, Xavier Nava Palacios percibe una remuneración anual por el cargo que ostenta de 346 mil pesos. De acuerdo con el documento él no es dueño de ningún bien inmueble; empero, su esposa tiene 15 adquiridos mediante donaciones realizadas entre 1989 y 2015. Igualmente Nava Palacios afirmó ser dueño de una camioneta Chevrolet suburban modelo 2007 con un valor de 425 mil pesos además de obras de arte que suman un total de 85 mil pesos. También declaró que en 2015 donó 160 mil pesos a la Fundación Salvador Nava por la Educación.
Por su parte, la diputada Ángeles Rodríguez no especificó sus percepciones como legisladora pero dio a conocer que obtuvo ingresos por 212 mil pesos por concepto de “servicios profesionales”, cantidad que concuerda con la remuneración obtenida cuando se desempeñó como directora de la casa de enlace del senador Octavio Pedroza Gaitán. Asimismo, dijo que su esposo, quien es el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, es dueño de dos casas de 160 y 1100 metros cuadrados obtenidas por medio de una donación familiar y crédito.
Cabe hacer mención que en el caso de los senadores potosinos Teófilo Torres Corzo, Octavio Pedroza y Sonia Mendoza Díaz solamente esta última presentó su declaración. En ella, la ex candidata a gobernador de la entidad dijo poseer seis propiedades: dos casas y un terreno en el municipio de Matehuala y tres en la capital.
