Guillermo Luévano Bustamante
Es difícil recapitular los sucesos recientes de represión gubernamental contra el movimiento magisterial y ciudadano que se han presentado en Oaxaca y la Ciudad de México, principalmente. El domingo 19 de junio pasado la Policía Federal desplegó un operativo para retirar a las personas que mantenían bloqueada la carretera Oaxaca-Cuacnopalan a la altura del municipio de Nochixtlán, Oaxaca. Ese operativo costó la vida de cuando menos ocho personas y dejó heridas a más de 90, entre policías y manifestantes.
El movimiento, como ya se sabe, se ha originado por la implementación y eventual oposición a la mal llamada “reforma educativa”, que, como se ha sostenido en colaboraciones previas en este espacio, constituye más una reforma laboral docente, que precariza y flexibiliza las condiciones de trabajo del magisterio sin atajar la estructura ni los contenidos curriculares.
Ayer por la tarde, entre las múltiples reacciones que se han dado en el país y en otros sitios, de indignación, de condena a los muy lamentables hechos de los días recientes, se realizó en la plaza de Armas de San Luis Potosí un mitín-asamblea informativa y jornada de solidaridad con la lucha magisterial para respaldar las acciones que emprenda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –principal opositora a la reforma educativa– y para organizar otras expresiones de apoyo a su resistencia.
La respuesta gubernamental se desbordó, la represión es inadmisible, la condena ha de ser general contra la torpeza gubernamental que busca imponer su reforma a toda costa, incluso sobre la vida de quienes se oponen. Deberían irse de inmediato el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Y deberían irse para ser imputados por los crímenes de Estado que derivaron en el asesinato de activistas, eso tendría que pasar en cualquier democracia mínimamente formal.
Y también tendría que cesar el gobierno federal, su titular, Enrique Peña, de su intento por imponer a toda costa la reforma laboral para el personal docente en el país. En ese escenario, que se antoja sumamente improbable, deberían abrirse mesas de diálogo, cuya siguiente condición, además de la destitución de los funcionarios antedichos, sería la reparación del daño a las víctimas de la represión y sus familiares, y entonces sí, abrir un camino para atender los reclamos de las maestras y maestros. Si no fuera ya mucho pedir, los medios de comunicación deberían procurar la difusión de la información verídica, sin estigmatizar a quienes se manifiestan, generando espacios para que comuniquen sus petitorios, y de ese modo la sociedad contribuya en el debate de un tema relevante para todo el país. Es previsible que nada de esto sucederá, la represión podría agudizarse en los próximos días, tendiente a desarticular el movimiento social opositor, puede que ninguno de los funcionarios responsables deje el cargo, o si acaso uno de ellos lo hará si la presión social incrementa, las televisoras insistirán en la culpabilidad de los propios activistas, no se repararán daños a las víctimas, y el gobierno federal se aferrará por la vía de la imposición a su reforma “educativa”.
Lo que no puede dejar de suceder es el involucramiento de la sociedad. En San Luis Potosí se instalarán mesas informativas y de acopio de víveres para coadyuvar con la resistencia magisterial, se acompañará desde diversas organizaciones, a las movilizaciones venideras y se reabrirá el debate.
El descrédito de la administración peñista se acentúa, su autoritarismo se desvela, sus mecanismos para gobernar son ya muy claros. Las y los docentes en San Luis Potosí hace años que también se pronuncian y articulan por defender no sólo sus condiciones laborales, sino también por la educación pública, principalmente desde la propia Coordinadora. A la clase trabajadora le toca condenar, indignarse y actuar en consecuencia. A las calles, a la resistencia, a la lucha.
@guillerluevano
