Jesús Estrada, corresponsal
Chihuahua, Chih. El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, viajó a Ciudad Juárez este viernes aunque su motivo fue atender una comparecencia en el Centro de Justicia Penal Federal, ante un juez de control, relacionado a que se suspenda el proceso penal en su contra por el incendio de la estancia migratoria del puente internacional Lerdo, donde murieron 40 extranjeros y resultaron lesionados otros 27, la noche del 27 de marzo de 2023.
En la audiencia de suspensión condicional, promovida por los abogados de Garduño este 24 de enero, dentro de la causa penal 237/2023, el juez le impuso condiciones para que, durante los próximos 18 meses, pueda desecharse la acusación en su contra por ejercicio ilícito del servicio público.
Garduño Yáñez ha enfrentado la causa penal en libertad condicional, desde que fue imputado, en abril del año 2023, siendo ésta audiencia la tercera ocasión en que busca deslindarse, denunciaron colectivos civiles defensores de migrantes.
Entre los requisitos que el comisionado de Migración deberá solventar para ser exonerado, están disculparse públicamente por el incendio, pagar indemnizaciones a la totalidad de víctimas, asistir a talleres de derechos humanos, y acreditar que ejerce sus funciones de verificar las estancias migratorias en cuanto a medidas de seguridad y protección civil.
En tanto, Francisco Garduño tendrá que continuar con las medidas cautelares que le fueron impuestas con anterioridad, como residir en el mismo domicilio y acudir a firma periódica, hasta que cumpla los requisitos impuestos.
El comisionado de Migración evadió a los periodistas y no dio declaraciones, al entrar en el edificio del Poder Judicial de la Federación, mientras afuera ocurría una protesta de activistas de derechos humanos.
Denuncia
“Por tercera ocasión, F. G., actual comisionado del INM, ha solicitado un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, denunciaron colectivos civiles defensores de migrantes, en una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Exigieron la destitución inmediata de Garduño al frente del INM, con el fin de “garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, así como asegurar que las víctimas del incendio obtengan verdad y justicia”.
Acusaron que “no es el primer intento de Francisco Garduño por evitar la acción penal, “en el pasado, el comisionado ha propuesto pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para absolverse del delito”.
“A esto se suma que el proceso penal relacionado con el incendio ha estado marcado por diversas irregularidades, como la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas”.
Antecedentes
El 30 de abril de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a Garduño a proceso penal por el delito de ejercicio indebido, con la medida cautelar de libertad condicional, porque no fue señalado directamente por la muerte de los 40 migrantes.
El 27 de marzo de ese año, 40 migrantes fallecieron y otros 28 resultaron con lesiones por un incendio en el área de hombres de la estancia migratoria del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, el cual inició cuando dos indocumentados venezolanos prendieron fuego a colchonetas para exigir los liberaran, pues no había agua potable ni comida en la instalación, y después de que un guardia de una empresa de seguridad privada, a cargo de la custodia, les vendió cigarros y un encendedor.
En septiembre del año 2023, los defensores de Garduño solicitaron por primera vez la suspensión del proceso penal mediante solución alterna, en esa fecha él ofreció pagar la diferencia del valor de los daños materiales en el inmueble (la estación migratoria del puente Lerdo tipo “B” utilizada como centro de detención de migrantes) que resultaba de los costos por daños señalados por un perito de la FGR a los que se restó lo pagado por la aseguradora del edificio.
La segunda solicitud la realizó el 12 de agosto del 2024, y el juez la consideró como improcedente, por diversos amparos que presentaron las víctimas del incendio, pendientes de resolución.
