Luis Linares Zapata
Topes al desarrollo los hay por montones y cobran realce entre analistas afines al sector privado. Las salidas en cambio siempre les parecen pequeñas, tardías, insuficientes o esquivas. Algunos obstáculos, bien se sabe, son decisivos; otros, circunstanciales. Muchos son menores, pero poco condescendientes con las preocupaciones oficiales. Los atendibles son aquellos que se intentan remover, otorgando facilidades varias, aunque acarreen problemas adicionales al tratar de hacerlo.
A esta última categoría pertenecen las limitantes al fondeo de los presupuestos y programas públicos. La razón más común que se alega es la estrechez de recursos suficientes de la hacienda pública para enfrentar limitantes, multiplicar oportunidades o atacar emergencias. Y más allá todavía, la puesta en marcha de ambiciosos programas que empujen el desarrollo, superen el estancamiento y alienten la inversión que se padece desde hace décadas. Este último ha sido el mayor referente a las presiones que se padecen como signo de los últimos tiempos.
Una y otra vez aparece, ante oyentes y reporteros, el secretario de Hacienda en turno que insiste en la adopción de una positiva versión de gobernanza. Una que apuntale la discutible confianza ciudadana. Lo que en realidad preocupa son los reclamos del empresariado que buscan, y siempre encuentran, motivos para explicar ausencias de colaboración efectiva.
La deuda pública actual, afirman los altos funcionarios de ella ocupados, es manejable. Se puede atender sin problemas mayores, hay capacidad de pago. La conclusión se da a continuación llamando a la calma y cierran su corta perorata con forzada sonrisa. Sostienen los hacendistas que, en el futuro próximo, disminuirá la presión actual sobre las finanzas nacionales porque disminuirá su inevitable pareja, el déficit fiscal. Y ese desplante termina la versión que el oficialismo puede pergeñar.
Lo cierto es que se tendrá que continuar, por indefinido tiempo, con las limitantes actuales al crecimiento que atosiga al país. La Presidenta está ocupada, en sus constreñidos tiempos, en alentar a los dueños del capital para que inviertan un tanto más de lo que hoy hacen. Aunque es en verdad bastante exiguo el porcentaje de su participación inversora. Al tiempo que suman, una tras otra, excusas y peticiones para explicar lo que buscan: mejores condiciones y facilidades para sus actuales negocios. Esas que puedan convertirse en privilegios.
Y ahí seguirán posicionados por meses y años por venir. No sólo se trata de conservar la vigencia de sus utilidades, sino prolongarlas como tendencia real. Violentar eso, que ya es un verdadero condicionamiento ensayado por décadas, es el meollo a remover. Qué tanto se pueda influir en el ánimo que se ha estacionado como costumbre inamovible en la práctica de los negocios nacionales. Poco ha importado la irrupción de las inversiones externas que suman grandes números. Adicionados por las reinversiones de utilidades que no contraen capital fresco ni implican, necesariamente, nuevos emprendimientos.
En todas estas décadas de estancamiento o ralo crecimiento, han faltado programas de gran aliento acompasados por masivo apoyo a emprendedores medianos o pequeños inversores. Esas aventuras que, por sí mismas, conllevan financiamiento sano, libre de endeudamientos onerosos. Este achicado Estado inversor, ya generalizado por los años, adiciona prácticas perversas.
Las empresas, las medianas y grandes, acostumbradas a no tributar lo debido, son usadas para canalizar a sus dueños vastos recursos adicionales. Y esos haberes no se emplean en empujar crecimiento, sino en muy pocos montos. Son extraídos de sus empresas y empleados en canales ya muy conocidos: exportaciones de capital, lujos o especulación. Tales estrategias se han transformado en prácticas rutinarias y difíciles de cambiar. Pero el oficialismo está decidido a apoyar empeños que destraben el raquítico ritmo inversor observado.
En cambio, si el gobierno logra canalizar fondos suficientes a programas vigorosos, podrán inducir que los privados los acompañen en las oportunidades abiertas. Eso no sucedió el sexenio pasado con los grandes empeños de infraestructura que incidieron en la pobreza y desigualdad. No se convirtieron en detonadores de inversiones como se esperaba, tal vez debido a diversas oposiciones ideológicas. La constante oposición crítica sobre ellos, por sus acompañantes mediáticos, induce miedos y temores que aplazan nuevas aventuras empresariales.
La astringencia del fondeo de la hacienda pública tiene que combatirse con eficiente, honesta y moderna recaudación que se auxilie de reformas continuas. La fuente precisa, bien se sabe, es el impuesto a los ingresos (ISR) por sus aportaciones con grandes números. Fuente impositiva que es la abundante y, sobre todo, progresiva para combatir desigualdad. Aunque sea una molestia mayor para el empresariado de gran nivel. Ese, precisamente, que siempre reclama mejoras, facilidades, logra privilegios continuos y no colabora con lo debido.
