Israel Rodríguez
Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo reveló que se están analizando 150 denuncias con 10 casos que involucran a 149 empresas que realizan actos de corrupción con la emisión de facturas falsas.
Adicionalmente, informó que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) después de la investigación a la gestión anterior se van a presentar las denuncias correspondientes.
En torno al Consejo Mexicano de Promoción Turística hay transferencias por más de 3 mil millones de pesos a cuentas propias y a empresa en Estados Unidos y “estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un alto grado de corrupción”. Esto, dijo, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Turismo, y con el propio secretario Miguel Torruco Márquez y se presentarán a la brevedad.
Nieto Castillo recordó que derivado de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que se incluyan en las actividades vulnerables a los clubes deportivos y los directores de esos deportivos por ser vulnerables a presuntas prácticas de lavado de dinero en la evaluación de riesgo se identificó que esto está ocurriendo. Ahora, la intención es mandar el mensaje de que no hay tolerancia a la corrupción.
La UIF ha bloqueado 5 mil millones de pesos en el sector financiero.
Por otro lado, precisó que en germanos generales hasta el 15 de septiembre de este año se han presentado 125 denuncias en retiros más de 179 mil millones de pesos y en depósitos 142 mil millones de pesos. Además hay más de 5 mil millones de pesos bloqueados en el sector financiero.
Lo anterior, señaló en conferencia de prensa en la sede del Servicio de Administración Tributaria (SAT), después de participar en una reunión con representantes de las principales cámaras empresariales, a excepción de la Coparmex, en la que participaron la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , Margarita Ríos Farjat y el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, así como el Senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, entre otros.
Se acabó la fiesta: Procuraduría Fiscal
Por su parte, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, señaló que la reciente aprobación por parte del Senado y en análisis en la Cámara de Diputados de la Ley en contra de las empresas factureras es una señal inequívoca que va en el camino correcto y está encaminada la reforma a combatir a las cabezas criminales. “La intención es mandarles el mensaje de que se acabó la fiesta”.
Acabar con la corrupción, agregó, es un paso importante porque estaban involucrados el sector público y privado. “Vamos a proteger a los empresarios de la competencia desleal contra quienes no pagan impuestos, ni contribuciones a la seguridad social. Los que vayan a la cárcel sean los grandes defraudadores”.
El nivel de riesgo en los últimos 20 años había bajado y le perdieron el miedo al fisco y empezaron a hacer relaciones en contra de la Ley. “Vamos a ser cuidadosos e implacables en caso de defraudación fiscal”, sentenció.
Más adelante, manifestó que el mensaje a los empresarios es que no son parte del problema pero si de la solución.
A su vez, el Senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, dijo que el objetivo de la iniciativa aprobada en el Senado es para romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad. Para contrarrestar el saqueo y robo energético, el robo presupuestal y saqueo por facturas falsas.
Mencionó que las complicidades permitió la creación de más de 8 mil empresas facturaras con cerca de 1.9 billones de pesos en comprobantes falsos.
Finalmente, Margarita Ríos Farjat jefa del SAT destacó” Habrá mano dura contra los evasores”.
En la reunión y posterior conferencia de prensa, realizada con poco más de una hora de retraso a la convocada asistieron Guillermo Vogel, vicepresidente de la Concamin, Jose Manuel López Campos, Concanaco y Javier Treviño Cantú director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial.
