- ¿Culpables? ¡Los alumnos!
- El Once: recuperar, regularizar
- Rechazar aires oscuros
Julio Hernández López
Ironías del destino: la más relevante de las universidades públicas entra en crisis por haber cedido a una empresa de particulares la delicada fase de los exámenes de admisión a sus aulas mediante un contrato hasta ahora con insuficiente información y escrutinio públicos.
En esa brillante exhibición del predominio del sentido empresarial, la carga de las fullerías y el fracaso no es (hasta ahora) adjudicada a las manos del contratismo inexplicado (¿quién autorizó, quién fue responsable?, ¿la secretaria general renunciante y, en dado caso, solo ella?) sino a los estudiantes ya estigmatizados como tramposos que serían parcialmente redimibles o totalmente hundibles a partir de un segundo examen “de control”.
Un fraude susceptible de ser realizado sin que los candados y garantías ofrecidas hubieran servido o funcionado y por el cual acaban pagando los platos rotos los estudiantes, mientras la empresa Territorial Life se ofrece a dar explicaciones a toro pasado y las autoridades de la UNAM, con el rector Leonardo Lomelí al frente, ponen en escena una edición especial de un Poncio Pilatos digital.
Ayer mismo, el rector Lomelí informó del procedimiento acordado para la realización de los exámenes presenciales, con un ajuste del calendario de inicio de clases para los participantes, quienes entrarían a las aulas el último día de agosto. ¿Cuánto costará este nuevo procedimiento y quién lo pagará, la casa de estudios o la empresa Territorial Life? Estos y otros detalles quedan para más adelante.
Por lo pronto, la UNAM queda con una lastimadura de consecuencias por dimensionar, lo cual es aprovechado por las corrientes conservadoras que impugnan lo público y privilegian lo privado. Manjar en bandeja se les ha ofrecido. Las barbas del vecino unamita a cortar deberían llevar, por cierto, a poner las propias a remojar en universidades públicas de la capital del país y de otras entidades, también dominadas por camarillas que ejercen con opacidad y visos de corrupción sus presupuestos, manejan a contentillo faccioso las plazas de enseñanza y en todo momento crítico blanden el escudo de la “autonomía”.
En otro tema: las instalaciones del canal Once fueron recuperadas este domingo de una manera que la información oficial calificó de pacífica y realizada por trabajadores de la institución. La programación del canal se mantuvo durante más de dos meses a pesar de que desde el pasado 21 de mayo había sido tomado por miembros de un movimiento estudiantil denunciante de presuntos actos de corrupción, autoritarismo y encubrimiento por parte de directivos del Instituto Politécnico Nacional. Siendo parte del IPN, los manifestantes consideraron que desde ese canal deberían difundirse sus demandas y denuncias y darles visibilidad.
Con crónica insuficiencia presupuestal, equipamiento técnico con el cual el equipo humano hace lo posible y circunstancias laborales complicadas, el Once ha sido, bajo la dirección de Renata Turrent, un espacio que notablemente ha dado cabida a voces y programas acordes con la realidad política y social de cambios que vive el país. Un episodio como el vivido podría empujar a la búsqueda de regularizar la situación de un canal que es del Estado mexicano, desde cuyo gobierno en turno se trazan directrices, pero que formalmente está adscrito al Politécnico.
También será importante que no prosperen los aires de formalismo judicial castigador o de operatividad física imprecisa que han ido apareciendo ante protestas sociales (las de madres de desaparecidos encapsuladas durante el Mundial, por ejemplo). Castigar presuntos delitos cometidos (¡con Mario Delgado como promotor justiciero!), exacerbar ánimos con previa campaña de deslegitimación de un movimiento cuyas demandas no han sido debidamente atendidas ni resueltas, no debería servir, en un país de impunidades atroces en ámbitos políticos, económicos y criminales, como advertencia y adelanto contra otros movimientos de lucha y protesta. ¡Hasta mañana!
