José Antonio Román

Ciudad de México. Organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos e instituciones académicas del país urgieron al Senado de la República a aprobar esta misma semana el dictamen de ley general contra la tortura, enviado ya por la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril, a fin de que sea publicada y entre en vigor lo más pronto posible.

En un comunicado, las organizaciones destacan el enorme retraso que ha tenido dicha legislación, primero con un largo debate para que el Senado aprobara la minuta de la citada ley y turnándola –en abril de 2016- a la Cámara de Diputados, para su revisión, sitio donde ha estado todo este tiempo sin que los legisladores llegaran a ningún acuerdo.

Finalmente, el pasado miércoles la Cámara aprobó un dictamen de ley basada en la minuta del Senado.

En la aprobación de la minita, los diputados introdujeron diversas modificaciones, entre las cuales está la prohibición absoluta del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura, sin admisión de excepciones, adecuando de esa forma la ley en la materia a la Constitución y los tratados internacionales en este punto fundamental.

Otras de las modificaciones, señalan las organizaciones e instituciones académicas, está el fortalecimiento del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y se aclara que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría.

“Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la Ley”, señala el pronunciamiento.

Por ello, se instó al Senado a aprobar el dictamen de dicha ley, dando paso a su publicación y a la etapa de implementación y aplicación de tan importante legislación.

Entre las organizaciones firmantes están Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal); los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, y Miguel Agustín Pro Juárez; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh); Fundar; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), y Organización Mundial Contra la Tortura (Omct).

Además, en la lista de los firmantes están los programas de Derechos Humanos y Educación para la Paz, de la Universidad Iberoamericana (Torreón), y de Derechos Humanos, también de la Ibero, Ciudad de México y Tijuana.

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