Antonio Heras, corresponsal
Mexicali, BC. El Congreso de Baja California aprobó reformas penales para que la violencia intrafamiliar se convierta en un delito que se persiga de oficio y sin mediación entre las partes ni procesos alternativos de solución para proteger a las víctimas.
La iniciativa de reforma al artículo 242 bis del Código Penal del estado que propusieron diputados del PAN, PRI y PRD fue aprobada por unanimidad por las nueve fuerzas partidistas en el Poder Legislativo local.
En el dictamen 61 de la Comisión de Justicia se advierte que el delito de violencia intrafamiliar se perseguirá de oficio en Baja California, además de que “en ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación, o proceso alternativo de solución a las víctimas de violencia familiar”.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional propuso que no prescriban los delitos sexuales para que los agresores sean enjuiciados y sancionados sin importar la fecha en que se cometieron.
El abuso sexual infantil es una realidad trágica para miles de personas y las víctimas tienen secuelas emocionales que son irreparables durante toda su vida, advirtió el diputado David Ruvalcaba, coordinador del grupo parlamentario del PRI.
La propuesta legislativa es un decreto para reformar los artículos 113 bis y 114 bis del Código Penal del Estado con base en casos registrados en julio de 2016, donde los niños Usiel, Kimberly y Diana Mía, en Tijuana y Mexicali, fueron violados y después asesinados presuntamente por sus padrastros, en complicidad de sus madres.
“Atendiendo el interés superior de la niñez, es nuestra obligación garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en un ambiente de seguridad, y esta reforma pretende la posibilidad de ejercer la acción punitiva y llevar a cabo la restauración de sus derechos humanos transgredidos”, señaló Ruvalcaba.
Durante 2015, en Baja California se registraron 2 mil 328 denuncias por delitos sexuales, de los cuales 687 corresponden a violaciones, mientras que en el primer semestre de este año se denunciaron 307 de estos ilícitos.
A estas estadísticas, dijo, falta sumar aquellos casos que permanecen en silencio por ser amenazados por sus agresores y la complicidad de los padres para evitarse problemas mayores.
