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Agenda de transparencia para 2016

Renata Terrazas*

En este año se cumple el plazo para la armonización de la ley federal y las leyes estatales de transparencia con los principios y bases constitucionales desarrolladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI).

A la fecha, solamente cinco estados han armonizado sus leyes, entre los cuales tres lo hicieron de manera contraria a los principios del DAI: Jalisco, Tabasco y Querétaro. Estos tres estados aprobaron leyes con disposiciones regresivas para el ejercicio del derecho a la información; en el caso de Jalisco, el veto del gobernador echó para atrás lo aprobado en el Congreso y permitió eliminar las disposiciones negativas.

De manera desafortunada, Querétaro y Tabasco aprobaron leyes en donde se legalizan procesos para ocultar información. Para el caso de Querétaro, la ley contempla que se puede iniciar un proceso administrativo para que las autoridades no entreguen la información. Algo similar sucede en Tabasco, en donde la ley habilita al asesor jurídico para interponer un recurso de seguridad estatal para evitar entregar información que supuestamente vulnere la, cabe resaltar –inexistente categoría de–, seguridad estatal.

Al respecto, en diciembre del 2015, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que interpondría una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Querétaro; de manera similar, esta semana el pleno del INAI decidió interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Tabasco. De esta forma se espera que el máximo tribunal se pronuncie contra ambas leyes y se mantenga el mismo alto estándar en todos los estados del país.

Además del proceso de armonización legislativa, quedan pendientes varios temas relacionados con la implementación de la LGTAI, siendo uno de los más relevantes el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y la construcción del marco regulatorio restante para garantizar procesos de acceso a la información eficaces, generar criterios para las resoluciones de los órganos garantes y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, entre otros.

Ya que uno de los avances de la reforma constitucional en la materia fue la incorporación de nuevos sujetos obligados de la transparencia, otro de los temas sobre los cuales se deberá dar seguimiento es el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y privados que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

De manera muy puntual, sigue siendo uno de los mayores pendientes para el régimen de transparencia construir puentes con el sistema de combate a la corrupción y el sistema de rendición de cuentas. Hoy en día contamos con más información que es hecha pública pero seguimos en un esquema de impunidad en el que no se castiga la corrupción, el conflicto de interés ni los daños hacia el interés público derivado de malas decisiones de nuestros gobernantes y representantes.

Sin duda, uno de los mayores obstáculos para la garantía del DAI es la existencia de un marco normativo contradictorio en el cual contamos con una LGTAI que garantiza el ejercicio del derecho a la información al tiempo que leyes como las de seguridad nacional, de hidrocarburos y de asociaciones público privadas, mantienen la secrecía sobre información relevante para la rendición de cuentas.

Esto nos lleva a pensar que estamos creando un régimen de transparencia esquizofrénico en donde se garantiza la apertura de un mínimo de información pero se mantiene cerrada información que podría evidenciar los casos de gran corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.

Es importante pensar que la agenda de transparencia para este año, así como para los subsecuentes, debe enfocarse en la apertura y difusión de información que facilite la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Debe ser una prioridad buscar la apertura de información sobre el manejo de nuestros recursos naturales, la distribución y ejecución del presupuesto, la creación de programas gubernamentales para la atención de prioridades sociales, los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos, la condonación de créditos fiscales y los rescates financieros. Es decir, toda aquella información que sea crucial para entender el rumbo del país y que nos permita poder llamar a cuentas a los tomadores de decisiones.

México ha llegado a un piso mínimo bastante alto en cuanto a marcos normativos en materia de transparencia, sería un error permitir que estas leyes, así como tantas otras, queden en letra muerta; hay que asegurar la obtención de información que como sociedad necesitamos para involucrarnos en los asuntos públicos y participar en la toma de decisiones.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación