Por falta de recursos no se conmemoró el aniversario de la ciudad: Marvelly
5 Noviembre, 2015
AI considera preocupante el tema de los feminicidios en San Luis
5 Noviembre, 2015

El colmo de la ilegalidad

María Elena Yrízar Arias

C uando hablamos de que una sociedad ha llegado al colmo de la ilegalidad, nos referimos a que el colmo es el grado máximo de algo o circunstancia, y sobre la ilegalidad, a lo que está fuera de la norma jurídica dictada por el Estado, lo que conocemos generalmente como la ley.

En la ardua tarea que han emprendido el gobernador Juan Manuel Carreras López y el Poder Judicial del gobierno estatal para ir terminando con las corruptelas que prevalecen en algunas autoridades estatales y que proliferaron en el anterior gobierno torancista, luego de que se descubriera dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado, que al parecer varios agentes del ministerio público del orden común en la capital potosina están involucrados en actos ilegales en perjuicio de la ciudadanía, por el uso indebido de la función pública, ya que en contubernio con algunos jueces penales –que al parecer están involucrados en la negociación de procesos penales–, y que, en complicidad con algunos ministerios públicos, manipulaban, alteraban y elaboraban expedientes apócrifos, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado cambió de sus juzgados a seis jueces del ramo penal, hecho que causa asombro en algunos y alegría en otros, que no creían que la vocación carrerista va en serio. Lo que sí es de lamentarse es que los funcionarios que teóricamente representan a la sociedad, como es el Ministerio Público en la procuración de justicia, sean el enemigo a vencer.

A los abogados litigantes les ha de parecer un alivio que se le ponga un hasta aquí a esa serie de situaciones que tanto denigran a la profesión de licenciados en derecho y a la  impartición o procuración de la justicia misma, y además la ciudadanía en general tiene muy mal concepto de los funcionarios de gobierno de todos los niveles, ya que los consideran corruptos, y más en este caso que parece que fabricaban expedientes penales y luego negociaban los procesos judiciales, que de ser cierto nos encontramos con una muestra de conductas ilegales que son el colmo del cinismo. Debemos recordarles a los funcionarios públicos que la justicia es gratuita y que son servidores público y no que se sirvan del público.

Según publicación de http://www.codigosanluis.com/portal/content/jueces-y-ministerios-p-blicos-involucrados-en-mercado-negro-de-la-justicia, dos de los personajes involucrados son el ministerio público Manuel Ávila Chalita, quien, curiosamente, tenía procesos abiertos en seis juzgados donde se descubrió el uso indebido de sus funciones como servidor público así como de la institución que representa para manipular la ley a favor o en contra de quienes tuvieron la desgracia de caer en sus manos; y Julián Ruiz Contreras, juez cuarto del ramo penal, a quien se le encontró un mayor número de irregularidades en su desempeño. El escándalo está siendo objeto de investigación conjunta por parte del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado y la PGJE. De encontrarse responsables de conductas ilícitas, estos representantes sociales y jueces podrían ser procesados por los delitos que les resulten en el desempeño de la función pública. Es necesario que se revisen las actuaciones de todos los funcionarios públicos de esas dependencias.

Sobre el tema de ilegalidad, ahora lo estamos viendo en otro contexto, en las elecciones internas del PAN para a la dirigencia estatal del partido, que también lo podemos referir, porque resulta que el diputado Xavier Azuara Zúñiga, candidato a la dirigencia estatal del blanquiazul, denunció y lamentó que su compañero aspirante a la misma dirigencia, Jaime Galván Valencia, quien inició su campaña el fin de semana pasada en de la capital y en Matehuala, haya repartido despensas y alimentos a varios militantes para tratar de ganar sus votos. Agregando Azuara Zúñiga que “la doctrina nos une, pero la corrupción nos divide”.

Indicó que denunciará dichas prácticas porque sería incongruente de su parte no actuar para que se sancione en derecho.

Los partidos políticos tienen claramente establecidas las normas legales que los rigen tanto al interior como al exterior. Si de legalidad se trata, es nuestra obligación ciudadana cumplir y exigir a las instituciones del estado que se cumpla con la legalidad.

[email protected]