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El derecho público y la educación (1)

Juan Ramiro Robledo Ruiz*

Salvo áreas de excepción, el derecho privado se conserva por más de veinte siglos completamente redactado, explorado, expedido, ordenado, interpretado, aplicado y luego codificado universalmente en el mundo occidental.

Con el derecho público no ha sucedido así.

En nuestro país y en América y en Europa tiene existencia reciente. Apenas a mitad del siglo XIX la pléyade de mexicanos ilustrados que hicieron la gran reforma liberal, empezó a escribir en la materia haciendo un esfuerzo por sistematizar reglas legales sobre conceptos, instituciones y procedimientos que se ocupaban de normar las entonces incipientes actividades administrativas del Estado Mexicano.

Las leyes de la época porfiriana, sobre lo que ahora llamamos las funciones del gobierno respecto del patrimonio de la nación, esto es, hidrocarburos, electricidad, aguas, minas, bosques, tierras baldías, comunicaciones, patentes y marcas, bancos, abrieron sus contenidos liberales al grado de otorgar concesiones y todo tipo de derechos para beneficio particular. La ley consignaba, para dar un ejemplo, que el dueño del suelo lo era también de la riqueza del subsuelo.

La revolución y la Constitución de hace un siglo introdujeron ideas y figuras novedosas acerca de la propiedad nacional, uso y limitaciones de la propiedad privada, administración pública, facultades fiscales del Congreso, alcance de las resoluciones del Poder Judicial, y las atribuciones del Estado en tópicos fundamentales, como la educación, el trabajo, el agro, los recursos naturales y otros de similar índole. A lo largo del siglo pasado el Estado Mexicano fue reglamentando sus competencias, creando instituciones, tribunales, organismos y empresas públicas, sistemas de servicios generales; fue normando el aprovechamiento de bienes públicos, asumiendo compromisos de bienestar colectivo; regulando la inversión extranjera, imponiendo políticas tributarias y de subsidios; fue tomando, en suma, la dirección de la economía nacional, aún antes de que se instituyera y definiera literalmente en la Constitución la Rectoría económica del Estado.

A partir de los años ochenta los secuentes gobiernos federales dieron un giro diametral en el modelo económico, cuya competencia se arroga en casi todas las materias económicas y sociales, pues modificó sus políticas públicas con una nueva legislación que propuso privatizar total o parcialmente organismos, entidades y servicios estatales, sistemas de seguridad social, de educación, salud, minería, ferrocarriles, satélites, banca y cuestiones financieras; cambió el régimen de la propiedad agraria, reconoció iglesias; comprometió el comercio con Norteamérica; legisló sobre nacionalidad, derechos humanos, convencionalidad internacional; y finalmente abrió el sector energético al capital extranjero. Todo ello con una perspectiva tendiente a privatizar los activos nacionales y permitir la participación de los particulares en aquellas áreas antes estratégicas, mediante reglas jurídicas liberales sobre concesiones, licencias, inversiones y asociaciones de capital entre Estado y particulares. En materia tributaria la distribución de cargas giró hacia la misma dirección, a gravar el consumo y descargar el ingreso.

Las llamadas reformas estructurales de los últimos años son testimonio acabado de toda esta exposición.

*Profesor de Derecho Administrativo y Teoría del Estado