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El derecho público y la educación (2)

Juan Ramiro Robledo Ruiz*

La corriente de pensamiento político anglosajón que propuso globalizar la economía y liberar completamente el mercado mundial, indujo también la ideología que da el sustento normativo para esos cambios. Simultáneamente se quebró el otro modelo mundial de Estado socialista y de economía planificada. En nuestro país se han modificado todas las leyes en estas materias y se han expedido en los últimos treinta años otras muchas –dos tercios más de las que había– que sustituyen prácticamente el marco jurídico de nuestro derecho público.

En la actualidad hay 294 leyes federales vigentes. En el curso de su vida y hasta 2012, los artículos de nuestra Constitución se modificaron 555 veces. Para dar un ejemplo ilustrativo, el artículo 73, que atribuye funciones y responsabilidades al Congreso de la Unión y con ello competencias al Gobierno Federal, recibió 61 reformas o adiciones.

En el más próximo periodo que va de diciembre del año 2012 hasta agosto del año recién pasado, esto es, en el actual sexenio, se efectuado 87 modificaciones a la letra del articulado constitucional, entre reformas, adiciones y derogaciones. Se cambiaron parcialmente 135 leyes federales y se expidieron 34 nuevas leyes secundarias, reglamentarias de las llamadas reformas estructurales, de ellas 3 en materia penal, 3 en el ramo educativo, 4 por la reforma política, 2 de telecomunicaciones, 4 del área financiera y 9 de la reforma energética.

Estos nuevos campos de la ciencia jurídica traducidas en normas legales diferentes y adicionadas, son asignaturas que escapa al estudio tradicional del derecho y a los planes de estudio de las licenciaturas, especialmente en las instituciones educativas públicas.

Los cuerpos de docentes no se comprenden de profesionales que hayan actualizado todos sus conocimientos en estos temas y las instituciones educativas tampoco han hecho la tarea y son ausentes de una visión aguda que intente explicar las causas por las que se cambia en tal grado el marco jurídico y al mismo tiempo se vulnera constantemente el estado de derecho en México y con ello, la afectación al desarrollo económico y la consecuencia de tremendas repercusiones sociales que se engendran, como la desigualdad, la inseguridad, la corrupción, la pobreza.

No ha sucedido del todo igual en muchas instituciones de educación privadas, que aunque menos sensibles a las problemas sociales, se empeñan en su actualización profesional; que además no tienen limitaciones para abrir sus espacios a todo tipo de interferencias, y que desde luego enfatizan sus enfoques al derecho privado, corporativo, egresando profesionistas con la nueva visión del liberalismo económico que ha sido reeditado para el tiempo actual y por venir.

Ante este panorama es pertinente revisar conceptos, planes continentes y contenidos de estudio de las licenciaturas en derecho, a partir de un cotejo crítico sobre los resultantes de esos cambios mundiales que inciden determinantemente en todos los renglones de nuestro país.

No hay tampoco en el sector de las escuelas públicas de derecho en México instancias académicas que estudien y se ocupen de este fenómeno transformador de tanta dimensión mundial. Intentarlo ahora con la proposición a plazo medio de estudiarlo en la perspectiva general y sistemática, como se dice, redituará a mediano plazo para bien del País y de las generaciones jóvenes, pues producirá profesionistas dotados del instrumental jurídico necesario para contribuir al análisis interdisciplinario de los cambios legislativos y sus consecuencias sociales y políticas, con el fin de aportar fortalezas al Estado nacional frente a las acciones del nuevo liberalismo económico mundial.

Nada más viable y necesario entonces que apoyar dicho estudio actualizado en la innovada legislación y advertidos de sus fundamentos ideológicos, mediante una nueva estructura curricular y objetivos educativos que busquen precisamente conseguir esa actualización en sus amplias y extensas materias, así como la preparación y capacidad profesional para el ejercicio de la docencia, la transmisión de conocimiento.

En el contexto descrito cabe perfilar, organizar y poner en curso la revisión completa y sistemática del estudio del derecho público, particularmente en las instituciones de educación publica mexicana o en otros espacios sociales o gubernamentales.

En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo queremos intentar.

*Profesor de Derecho Administrativo y Teoría del Estado.