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Los servicios públicos deben ser públicos

Juan Ramiro Robledo Ruiz

Los servicios públicos deben ser públicos en todos los sentidos. Deben ser públicos para que sean generales, universales, para que beneficien a todos y no excluyan a nadie, brindados a través de mecanismos jurídicos de derecho público y prestados directamente por la autoridad pública.

Privatizar los servicios públicos es una contradicción de conceptos y parte de un equívoco: que la iniciativa privada es necesariamente y siempre más eficiente, que en ella no hay corrupción, a diferencia de la burocracia.

Aunque en buena medida sea cierto lo anterior, sobran ejemplos en nuestro país que lo contradicen; y lo que no tiene discusión es que las empresas privadas tienen como principal finalidad el lucro, la ganancia económica, lo cual no está sujeto a críticas ni discusión por sí mismo, pero ese no debe ser el espíritu que prevalezca en la prestación de los servicios públicos.

La tendencia a privatizar es una posición ideológica, neoliberal, que ha llevado a nuestro país a cambiar las políticas públicas bajo principios que no tienen que ver con el interés público, ni con los objetivos primarios de la gestión estatal o municipal.

Así, la idea del costo beneficio es muy buena para las empresas que manejan procesos de capital, donde concluyen que debe haber una utilidad económica al realizar cualquier actividad.

La educación, la salud y los servicios básicos de pueblos y ciudades como el alumbrado, la seguridad pública o el agua potable, no tienen por qué arrojar utilidad ni representar intereses económicos. Ahí lo principal es que el servicio se brinde de manera regular, uniforme, permanente, eficiente y sin sesgos de ninguna índole.

La Constitución Federal, la particular de nuestra Entidad y la Ley Orgánica del Municipio Libre dan a los Ayuntamientos atribuciones exclusivas en materia de servicios básicos; entre ellos la recolección de la basura, el saneamiento y aprovechamiento de esquilmos, desperdicios y sobrantes.

En tal esquema le permiten también concesionar los servicios públicos después de ciertos requisitos legales, pero principalmente después de que se acredite la imposibilidad de que el Ayuntamiento los brinde directamente, que quede clara la necesidad de que dichos servicios deban prestarse a través del Estado o de un particular, pese a que, sin duda, repito, este último no tendrá como objetivo principal el interés social, sino su legítima ganancia.

Hace algunos meses escribimos un breve artículo sobre la necesidad de modificar las leyes en el país para que la propuesta electoral vinculara directamente el ejercicio de los gobernadores electos.

Es decir, que si un candidato a presidente propone desaparecer como área exclusiva de la nación la explotación del petróleo y en su lugar plantea privatizar su cadena productiva, y si la gente vota por esa propuesta de gobierno, pues entonces podrá y estará obligado a cumplirla. Y que si un candidato propone la privatización o por el contrario, recuperar la prestación directa de un servicio público y el electorado vota mayoritariamente por ello, entonces no solo quede autorizado y compelido a hacerlo, sino que además la ley se adecue para establecer como causal de revocación de una concesión o de un contrato de asociación pública privada, precisamente el resultado electoral.

Eso no existe en nuestras leyes, pero en algunos municipios de otros países, como en España, se empieza a estudiar este tema que de asumirlo, ahorraría muchos problemas a la población y a los usuarios de los servicios públicos, cuando cambiaran de partido político la autoridad pública.

Frente al conflicto que existe en la capital potosina y la empresa concesionaria de la recolección de basura, prácticamente conocido por todos, valdría conocer los términos económicos, el clausulado y las sanciones que se hayan pactado para el caso de incumplimiento entre las partes, a fin de que la opinión pública se forme un juicio certero respecto del tema y ponderar si es justa para el interés general o ventajosa para la empresa privada dicha concesión.

Por lo pronto, alguien tiene que recoger la basura que se genera en las casas y en las calles de nuestra ciudad y darle el tratamiento adecuado, en términos de la preservación ambiental.

La concesión tiene varios años de vigencia y al otorgarla el Ayuntamiento desmanteló toda su infraestructura con la que brindaba antes de manera directa el servicio.

Ahora los camiones recolectores de basura, el personal capacitado para ello, la estructura administrativa, la maquinaria para el tratamiento de la basura y hasta los espacios para el depósito, los tiene únicamente la empresa concesionaria, quien por el diferendo con la autoridad local ha retirado todo eso del servicio al municipio.

Al Ayuntamiento de la capital no le va a alcanzar el tiempo ni la capacidad para sustituir cabalmente la prestación de ese servicio en el tiempo inmediato, como se requiere, aún con ayuda de otras partes y apoyos voluntariosos.

Vamos caminando hacia una situación crítica y de emergencia, que mientras se resuelve política o legalmente, bien justifica la requisa de los bienes muebles e inmuebles necesarios para restituir a la ciudadanía potosina el buen servicio de la recolección de basura, de la limpieza de los espacios públicos y del saneamiento.

Existe en la doctrina jurídica esa figura de la requisa, que es adecuada para el caso y en nuestras leyes vigentes la de Expropiación define, entiende y permite que a solicitud de la autoridad responsable, se pueda proceder a la ocupación temporal de los derechos de uso y disfrute de un bien, mediante el pago de la indemnización correspondiente, desde luego, por casos de utilidad pública, como es sin discusión la cuestión que nos ocupa. El procedimiento legal es muy sencillo y permite al Ayuntamiento solicitar al Estado que provea de inmediato disponer temporalmente de los bienes y el equipo necesarios para restaurar el servicio.

En esas circunstancias, autoridad municipal y concesionaria, entonces sí, podrán sentarse a dimitir diferencias, negociar soluciones o plantear su arbitraje ante los Tribunales competentes.

No cito los artículos determinados porque no corresponde a la naturaleza de este breve ensayo y porque ahí están, en una ley de texto breve; solo agrego que habría que cuidar que los jueces de amparo reconozcan que se está en un caso de utilidad pública, para que no vayan a echar a perder las cosas con medidas suspensivas que empeorarían el perjuicio a los usuarios potosinos. Los abogados del municipio deben aplicarse.

*Profesor de Derecho Administrativo.