Renata Terrazas*
Hablar de participación, hoy, es hablar de todo y de nada. Es un concepto incorporado en todos los discursos de la clase política sin que éste sea dotado de contenido. Se habla de participación en el vacío, como un recurso retórico en el mejor de los casos o como muletilla, en el peor.
La participación tiene varios apellidos; ciudadana, sustantiva, social, pública, entre tantos otros. Toda esta mezcla de términos no ha hecho más que confundir y esta confusión ha servido para frenar su avance e impedir que se ejerza como lo que es, un derecho.
Las personas tenemos derechos desde nuestro nacimiento; a la salud, la educación, una vivienda, a la alimentación, a gozar de un ambiente sano, a recibir y solicitar información sobre el ámbito público y a votar, entre tantos otros. Participar en la toma de decisiones sobre lo público, es otro de esos derechos, uno muy importante.
Le llamemos como le llamemos, la participación en lo público forma parte central de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Somos seres gregarios y formamos parte de una comunidad política, lo que significa participar de lo público; votando, pagando impuestos, recibiendo información sobre las acciones de nuestros representantes y funcionarios y participando activamente en la toma de decisiones.
La participación puede darse de múltiples formas, cada una con alcances específicos y un uso de acciones determinadas por los actores sociales en la búsqueda de sus objetivos. La llamada participación institucional hace referencia al espacio creado dentro de las instituciones del Estado. Este tipo de participación también tiene diferentes alcances, según su propia definición en el marco normativo.
Los espacios más comunes son los consejos consultivos. Los hay de organismos públicos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el organismo garante de la transparencia (INAI); los hay de sectores específicos como en el sector ambiental o el educativo. El desarrollo y funcionamiento de estos consejos ha variado según la dependencia a la que aconsejan, el contexto político y la propia composición de los mismos.
Hoy en día hay un creciente interés en estas figuras, aunque sin mucha claridad sobre los obstáculos que enfrentan para convertirse de manera genuina en un espacio de participación.
En marcos normativos se ha buscado promover su creación y ordenar su funcionamiento. Ejemplo de ello es la reciente ley general de transparencia, la cual creó 33 consejos consultivos para sus respectivos órganos garantes de transparencia en el ámbito estatal y federal. Aunado a ello, en un esfuerzo por establecer un piso mínimo compartido, la Secretaría de Gobernación (Segob), publicó el mes pasado los lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Si bien ambos esfuerzos representan un avance, es importante señalar sus limitaciones. La primera es sobre la creación de los consejos consultivos de los órganos de transparencia. Si bien estos debieron quedar instalados el año pasado, a la fecha varios estados siguen sin lanzar convocatorias, otros realizaron el proceso de manera cerrada, convocando sólo a los amigos, y al menos uno, el nacional, se pronunció ante el Senado de la república para vetar algunos nombres de los ciudadanos que participaron. La raíz de este veto: el miedo.
El miedo del INAI lo comparten la mayoría de instituciones públicas que siguen sin comprender la importancia de abrir la participación para convertir a los consejos en verdaderos foros para el intercambio de ideas, posturas y opiniones.
Otro ejemplo, hace unas semanas, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sometió a consulta el acuerdo de creación del consejo del sector ambiental. En esta propuesta omitieron, de manera grave, incluir dentro de la estructura de los consejos al sector indígena, como antes se hacía. De manera afortunada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un comunicado asegurando la inclusión de este sector y la incorporación de las recomendaciones que la ciudadanía hiciera en el portal de la Cofemer.
Otro caso que ejemplifica esta resistencia lo observamos el pasado miércoles en donde en un evento público de construcción colectiva de una propuesta para el fortalecimiento de la participación social en el sector pesquero, algunas voces insistían en lo peligroso de abrir demasiado la participación dada la posibilidad de que llegaran organizaciones civiles perversas.
Y así, en los más de 130 mecanismos de participación ciudadana de la Administración Pública Federal encontramos serias limitaciones, ya sea en su diseño, selección de perfiles, ausencia de reglas claras o condiciones para el ejercicio de la participación. Lo común en ellos es un precario entendimiento sobre la participación ciudadana y un miedo institucional a la misma.
La reacción de muchas de las personas que tradicionalmente participan en estos esfuerzos ha sido abandonarlos, permitiendo con ello que mueran de manera lenta.
La participación en lo público es un derecho, hay miles de mecanismos en México en el ámbito municipal, estatal y federal que están a la espera de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento institucional y la creación de un país más justo. Es hora de ocupar esos espacios y democratizarlos.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
