Ignacio Betancourt
La fortaleza de un sistema político no puede subsistir en el autoritarismo de un solo individuo, así sea el presidente de la república. El poder de Peña Nieto, sustentado en un conjunto de leyes y funcionarios que rigen sobre la ciudadanía sólo para sí mismos, se sostiene principalmente en la intransigencia con la que tan endeble personaje (apoyado también en endebles instituciones) se mantiene e impone a través de disposiciones jurídicas o de la represión más abierta. Siendo así, cualquier disposición oficial que atente contra la impunidad institucionalizada está condenada a fracasar, dado que estaría actuando contra lo esencial de una convenida y tradicional manera de gobernar; por lo tanto ¿qué podría esperar de sus supuestos servidores una depauperada ciudadanía? La existencia de 63 millones de pobres en el gobierno de Peña Nieto no deberá mantenerse indefinidamente, pese a que se alegue destinar para su moderación miles de millones de pesos.
La justificación para tales funcionarios obviamente sólo puede construirse a partir de la corrupción como el principal componente, pues la casi totalidad de la administración se asume a partir de lo corrupto como una fatalidad heredada frente a la cual sólo resta ejecutarla y darle el sello personal. Para justificar la permisividad del autoritarismo cada sexenio se convierte entonces en una individual manera de depredar, sostenida por una disciplina cuyo principal valor resulta la complicidad evidenciada con las más insospechadas modalidades, e inevitablemente determinada por lo peor del llamado quehacer político. Tales estructuras son una continuidad histórica construida sólo en beneficio de quienes mal gobiernan.
Piensa el gobernante: al delinquir sólo estoy preservando una colonial tradición y por tal razón mantengo el orden indispensable dentro de una cultura política que inevitablemente nos engendra y a la cual ningún funcionario puede ni debe sustraerse. De esta manera la forma se vuelve fondo y se hace costumbre cierta formalidad política mantenida a través de un tiempo que en México se mide en sexenios. Cuando tales razonamientos se vuelven el soporte ideológico para la impunidad, paradójicamente toda legalidad necesita transgredirse para legitimarse porque de esta manera la depredación más espectacular se normaliza y se vuelve algo familiar e inevitable.
Sin embargo la realidad, esa terca instancia donde todo se pone a prueba, invariablemente se encarga de problematizar de diversas maneras y muestra, si se le sabe mirar, la verdadera complejidad de la vida social debido a lo cual no hay mal que dure cien años, ni pendejo que los aguante. La vigencia de los abusos y las torpezas de quienes gobiernan, por más que aparenten eternizarse, tarde o temprano resultan vulnerables frente a las exigencias de una diversidad de intereses que interactúan dinámicamente en cualquier sociedad.
Si la historia del país es la del permanente incremento de la corrupción y hoy nos encontramos en el lugar 123 dentro de los 176 países más corruptos del mundo, indudablemente algo crucial debe estarse gestando en toda la nación para modificar tan insoportable realidad.
