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Julio Hernández López
La decisión de cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco ha colocado al país en una situación tensa en las cúpulas y preocupante en los indicadores financieros y económicos, como resultado del primer duelo verdadero de fuerzas que se vive después de la peculiar e incruenta elección presidencial del pasado primero de julio y de una engañosa transición de terciopelo.
Elpresidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a apostar a la alza (cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal lo hizo, en el caso administrativo y judicial que devino en un juicio de desafuero) y ha hecho que triunfe la opción necesaria (Santa Lucía) para la consolidación de su poder político verdadero (no solo el derivado de la importante, pero no definitoria imposición de la banda tricolor en el pecho), opción sin la cual no podría darse en términos de funcionalidad presidencial su relación con los poderes empresariales y económicos y con la élite política no obradorista (salinismo, peñismo, priismo, panismo y similares), subsistente y peligrosa aunque pareciera (hasta ayer) agazapada.
Por ello, el tabasqueño se puso en modo memorioso y se desahogó al mencionar el ambiente “de zozobra, de miedo, de los mercados financieros. Imagínense el Estado mexicano, democrático, de derecho al que aspiramos, supeditado a mercados financieros”. Y lanzó las cuatro preguntas (4P) que sustentan su visión de lo que se ha llamado La cuarta transformación (4T): “¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia?”.
Así pues, el Texcocazo intenta ser una toma del poder presidencial antes de tiempo (no el primero de diciembre: en realidad, ha sido un proceso desatado a partir del martes siguiente al domingo electoral de julio), sin chivos expiatorios individualizados pero sí con un seco golpe a la complicidad histórica entre políticos y empresarios. “Romper, para estabilizar”, escribió el histriónico José López Portillo, entonces presidente de la República, cuando botó bajo disfraz de embajador en Australia, Nueva Zelandia y las Islas Fidji a Luis Echeverría, su antecesor que pretendía mantener cuotas de poder.
Ha de suponerse (por lo que revela el fraseo obradorista reproducido líneas atrás, por su arquitectura mental) que si hubiera ganado la opción de Texcoco habría significado casi la temprana rendición del proyecto obradorista. Solo con Santa Lucía como triunfadora podría haber dicho lo que ayer: “Ese es el cambio (…) se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y político, la toma, que el gobierno esté secuestrado, solo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos y estoy seguro que se va a ir entendiendo, cuesta trabajo, porque no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico”.
Obviamente, estremecer el avispero histórico no es algo que pueda quedar sin consecuencias. Dirigentes de cámaras empresariales expresaron un abierto rechazo a la cancelación de Texcoco y organismos internacionales de calificación crediticia emitieron acuerdos que colocan bonos, acciones y expectativas de México a la baja. Enrique Peña Nieto advirtió que se necesitarán partidas presupuestales especiales para pagar por la mencionada cancelación y, en un gesto que le habilita como aspirante a “héroe” de la derecha despechada, ha dicho que la concesión y la ejecución de las obras en Texcoco se mantendrán hasta el último día de su mandato.
El paso adelante dado por López Obrador puede ser el primero de una fibrosa consolidación de su poder político, pero también puede ser contenido o anulado por el poder económico y político que le es adverso y que ahora tiene plena y nueva confirmación práctica del riesgo que sus intereses corren.
La irritación específica por la supresión del proyecto Texcoco (supresión que está sujeta a las resoluciones judiciales que correspondan a los litigios ya instaurados por estudiantes de derecho del ITAM, más los que vendrán) es la fase explícita e inmediata de la preocupación mayor. El propio López Obrador ha anunciado que impulsará modificaciones constitucionales para extender el universo de materias a consultar y facultar a grupos ciudadanos para que aprovechen esa facultad.
A juicio de los opositores al presidente electo, ese giro de posible consultoría a destajo podría llevar a una modificación sustancial del sistema político, para beneficio de quienes a partir del próximo primero de diciembre tendrán un control político nunca antes visto en la historia política moderna de México. Bajo esa óptica, desde ayer se han acerado las posiciones de quienes incluso han desempolvado el estribillo de que el tabasqueño es un peligro para México. La transición de terciopelo cambia su textura a lija.
En ese escenario complicado asoma un anuncio de las fuerzas armadas estadunidenses, las cuales enviarán cinco mil doscientos elementos a la frontera con México, para enfrentar lo que califican de “intento de invasión”. Con esa cantidad de soldados enfrentarán a la caravana de migrantes centroamericanos si México no logra contenerlos e impedir que lleguen a los linderos del país imperial. No es menor el dato de que ese número de militares es el doble de los que el Pentágono ha enviado a Siria.
Y, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acordado suspender por tiempo indefinido cualquier acto de investigación y procesamiento de servidores públicos federales (es decir, en este caso, Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios y directores) hasta que se determine si las acusaciones hechas en Chihuahua por triangulación delictiva de fondos federales a campañas priistas pueden alcanzar o no a este tipo de “servidores” aún aposentados en Los Pinos, ¡hasta mañana!
