- Familiares del gobernador
- ¿Equivocación o mensaje?
- Bozzo: doctora “honoris causa”
Julio Hernández López
A la hora de redactar la presente columna no había suficiente esclarecimiento de lo sucedido en un establecimiento de comida rápida en una plaza comercial de Zapopan, en la zona metropolitana que tiene a Guadalajara como denominador común.
Un comunicado oficial del gobierno de Nayarit estableció en primera instancia que “María Luisa Aguirre de Echevarría y sus dos menores hijos se encontraban en un restaurante” cuando unos hombres entraron al lugar y dispararon “contra uno de los comensales que no tenía relación alguna con la familia del gobernador de Nayarit. En medio de la confusión, el personal de seguridad de la familia del gobernador enfrentó a los agresores para salvaguardar la integridad de todas las personas que se encontraban en el sitio y abatieron a dos de los tiradores”.
A reserva de las precisiones del caso, lo sucedido confirma la grave situación de inseguridad que se vive en todo el país, a tal grado que se produzca una balacera (hay un video en el que se ve el enfrentamiento a tiros en la parte exterior del negocio, denominado Carl’s junior) en una plaza comercial sumamente concurrida (ayer era el último día de barata de verano de la principal tienda departamental de ese conjunto comercial: estacionamientos repletos, gangas en otras tiendas, muchos visitantes, acompañados de sus familias) y a plena luz del día (alrededor de las cuatro de la tarde).
Ya las indagaciones oficiales habrán de puntualizar lo acontecido en ese lugar, pero no está de más recordar que Nayarit ha sido una plaza menos nombrada que otras en las que rigen determinados cárteles del crimen organizado. Pero la densidad delictiva concentrada en esa entidad es similar a la de los peores focos rojos en el mapa criminal del país. Basta recordar que durante el gobierno del priista Roberto Sandoval, quien mantuvo una muy buena relación con el también priista Aristóteles Sandoval, quien fue gobernador de Jalisco, el Fiscal General del Estado fue Édgar Veytia, apodado no sin justa razón como el Diablo.
Dicho fiscal se convirtió en el principal protector y beneficiario de redes de producción, importación y distribución de drogas (mariguana, cocaína, heroína y anfetaminas), hasta que policías de Estados Unidos lo detuvieron en marzo de 2017, antes de que cruzara la frontera, de regreso a México. Veytia instauró en Nayarit un auténtico imperio del mal, utilizando la estructura de la fiscalía para obligar a ciudadanos a ceder ante imposiciones diversas y convirtiéndose él mismo en el principal narcotraficante de la región. En México era “un celoso vigilante del cumplimiento de la ley”, un servidor público de primer nivel en un plano estatal, hasta que Estados Unidos lo detuvo, procesó y sentenció a varios años de cárcel.
La histórica hegemonía priista en esa entidad (coto cetemista, con Emilio M. González y, luego, su hijo Ney; además de Rigoberto Ochoa) fue rota en 1999 por Antonio Echavarría Domínguez, el hombre rico del estado, quien fue postulado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, de la Revolución Socialista (de Nayarit) y, en realidad y sustancialmente, Acción Nacional. Un hijo de este muy próspero empresario, que gobernó de 1999 a 2005, ocupa actualmente el mando estatal: Antonio Echevarría García (también a nombre de una coalición partidista aunque, en realidad, de sello panista), cuya esposa e hijos estuvieron en el centro de los sucesor de este miércoles en la tarde en Zapopan, Jalisco.
Por fortuna, no hubo ningún hecho de sangre relacionado con la familia de un gobernador, pues una tragedia así habría sido noticia de difusión internacional. Es posible que, como se ha planteado en versiones oficiales preliminares, la irrupción armada no tuviera nada que ver con la familia Echavarría Aguirre. Es necesario esperar más información para que quede claro este inusual ataque.
No podría ser de otra manera con Laura Bozzo, la polémica presentadora de programas, llamados “basura”, en la televisión mexicana y de otros países latinoamericanos: recibió un “doctorado honoris causa” por parte de tres empresas educativas cuyos nombres difícilmente serían mencionados en los medios de comunicación a no ser por un episodio grotesco como el escenificado en un salón del congreso de la Ciudad de México donde la mencionada Laura Cecilia Bozzo Rotondo (nacida en Perú, próxima a cumplir 68 años de edad) asumió su discutible grado académico de excelencia que luego, al conocerse la aberrante noticia, generaría pitorreo público e inclusive una muy significativa disputa entre miembros de los partidos Morena y de la Revolución Democrática deseosos de zafarse de la responsabilidad política de ese extraño acto “académico”.
Al estilo de lo sucedido en el Palacio de Bellas Artes, cuando se realizó una sesión musical que en el fondo era un homenaje al dirigente de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, luego detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de delitos sexuales, se ha abierto un debate en el ámbito del congreso de la Ciudad de México por la utilización de uno de sus salones oficiales para la entrega de varios de esos “doctorados honoris causa”.
Una diputada perredista, Karen Quiroga, asegura que ella solicitó el salón oficial en préstamo para personas y actividades que desconocía. Pero entre los receptores del polémico “doctorado” estuvo un diputado morenista, Eduardo Santillán. Y el propio congreso de la Ciudad de México hubo de salir al frente para deslindarse del acto cuya principal estrella fue la conductora del programa “Laura en América”, sumamente exitoso en cuanto a audiencia en televisión, de manera proporcional a las formas y el fondo de baja estofa utilizado por la ahora “doctora honoris causa” para armar escándalos y polémicas: “¡que pasen los desgraciados doctorados honoris causa!”. ¡Hasta mañana!
