- Tal vez a fin de sexenio
- Disculpas a Calderón
- Vázquez Mota y los migrantes
Julio Hernández López
Aunque defendió en Querétaro que “la Constitución no ha muerto”, el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó una idea que genera escalofrío en sus adversarios más acérrimos: convocar a finales del actual sexenio a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, que dé cuerpo normativo supremo a las hechuras de lo que se denomina la Cuarta Transformación.
Como suele suceder con el habilidoso político tabasqueño, la introducción del espinoso tema a la discusión pública se hizo de manera tangencial, aparentemente imprecisa, aspiracional. Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, enviados de La Jornada a la ceremonia queretana de conmemoración de los 102 años de vida de una Constitución sometida a profunda cirugía plástica, reportaron que “López Obrador no descartó que a futuro se pueda promover la elaboración de una nueva constitución porque la actual ya “está muy parchada, muy remendada”. Sin embargo, dejó entrever que esta determinación corresponderá a las nuevas generaciones. Dijo que si bien su gobierno busca una nueva transformación, a la que correspondería una nueva constitución, como ha sucedido con las de 1824, 1857 y 1917, asociadas a la Independencia, Reforma y la Revolución, por ahora no hay condiciones y por el momento hay tareas más importantes”.
El enunciado de un nuevo constitucionalismo federal es uno de los fantasmas que teme la élite de los derrotados por el obradorismo. Ya bastantes pesadillas y sufrimientos tienen esos derrotados al ver el contundente relevo de la clase política dominada por el PRI y el PAN, la pérdida del control en la silla presidencial, las cámaras federales y varios congresos estatales, gubernaturas y presidencias municipales de ciudades importantes, el evidente avance obradorista en el control de instituciones “autónomas” y el poder faltante, el judicial, y ahora tendrán para fin de sexenio la probabilidad de que la nueva estructura morenista de poder (político, empresarial y militar) sea institucionalizada y elevada a categoría constitucional (con una promesa de asamblea constituyente que sería una bandera electoral del obradorismo para los comicios generales de 2024).
Por lo pronto, ayer el tabasqueño cuasi chiapaneco desmontó el riesgo de una confrontación creciente con Felipe Calderón Hinojosa, a quien había incluido en una ennumeración genérica de políticos del pasado que habrían cometido actos de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencia. Prefirió AMLO ofrecerle disculpas al expanista michoacano (se pueden usar ambos giros: ofrecer o solicitar disculpas, entendiendo en los dos casos que lo que se busca es disculparse), luego que este había amagado con buscar diálogo con López Obrador en una oficina privada de Palacio, en un estudio de televisión o presentándose en La Mañanera. Calderón resultó fortalecido en este incidente, a pesar de que abundantes pruebas hay de que durante su administración se cometieron suficientes irregularidades graves a favor de Iberdrola y sus firmas asociadas, a alguna de las cuales luego Calderón se sumó en calidad de consejero, cual si hubiera sido un pago por favores recibidos por esas empresas.
El fuego oratorio disparado desde La Mañanera alcanzó ayer a Josefina Vázquez Mota, a quien el político de Macuspana mencionó como destinataria de fondos federales, durante el peñismo, para repartirlos discrecionalmente entre migrantes. El dardo andresino tuvo como telón de fondo que la exigua excandidata presidencial panista pretendió potenciar las protestas de madres de familia y ciudadanos contra el recorte presupuestal a estancias infantiles.
López Obrador recordó el episodio de la guardería infantil ABC, de Hermosillo, Sonora y mencionó, sin entrar en detalles, la entrega durante el peñismo de fondos públicos a la panista Vázquez Mota. Esta columna recuerda que fueron más de mil millones de pesos suministrados para que ella los repartiera a su triangulado saber y entender entre migrantes mexicanos en Estados Unidos a los que hubiera resultado más fácil y natural que el gobierno mexicano atendiera directamente y no por la vía de la “opositora” a Peña que en la elección de 2012 ni pelea verdadera presentó.
La carrera política de Jorge Juan Torres López estuvo siempre ligada a Humberto Moreira Valdés. Específicamente, a asuntos de dinero y administración: con él fue contralor del gobierno del municipio de la capital, Saltillo, y secretario de finanzas en el gobierno estatal, presidente municipal saltillense y nuevamente secretario estatal, pero de desarrollo social.
Cuando los hermanos Humberto y Rubén fraguaron la continuidad en el gobierno de Coahuila, usaron a Jorge Torres López como puente para que no se produjera el escandaloso espectáculo de un hermano dejando el poder estatal a otro hermano. Torres fue gobernador interino de enero de 2011 (cuando Humberto pasó a “buscar” la presidencia del comité nacional priista, en consonancia con el proyecto de Enrique Peña Nieto hacia Los Pinos) a noviembre del mismo año, cuando Rubén Moreira Valdés tomó la batuta estatal.
En ese lapso, virtualmente once meses, Torres generó tales dividendos para sus cuentas personales que en Estados Unidos detectaron sus transferencias de millones de dólares e iniciaron un proceso judicial en su contra que devino ayer en su detención en Puerto Vallarta, Jalisco, para efectos de extraditarlo. Ya se verá si, en aras de conseguir beneficios procesales, el interino Torres revela en su próximo destino carcelario una parte de las andanzas de extrema corrupción que se vivieron (¿se viven?) en esa entidad que hasta ahora es una de las pocas en las que no ha habido alternancia partidista en el gobierno estatal, dominado aún por el Partido Revolucionario Institucional que llevó al Palacio Rosa de Saltillo a otro moreirista, Miguel Ángel Riquelme Solís.
