La muerte de Raúl
Cuentas públicas y simulaciones
La delincuencia continúa rebasando a las autoridades en todos los niveles. Los minúsculos intereses de grupos criminales y la incapacidad de quienes tienen el control de la seguridad pública para prevenir los delitos terminaron por costarle la vida a Raúl, un joven de 28 años a quien además le cortaron la oportunidad de construirse un futuro junto a su esposa e hijo.
Mientras estudiaba la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Raúl trabajó como cartero en el Servicio Postal Mexicano, quienes ahí lo conocieron recuerdan de él la sonrisa con la que siempre iniciaba una conversación y cómo se comprometía con cada una de las tareas que le eran asignadas. Su capacidad como abogado le llevó a trabajar como agente del Ministerio Público.
El móvil de su asesinato extraoficialmente se le ha atribuido a que él estaba encargado de la investigación relacionada con el atentado que sufrió un policía ministerial. Que su muerte está vinculada a su trabajo se comprueba con mensajes que fueron dados a conocer unas cuantas horas después en los que, de nueva cuenta, le ofrecían al gobernador, Juan Manuel Carreras, detener la violencia si remueve a varios policías ministeriales incómodos. “Gobernador, lo prometido es deuda, empezamos a triplicar los eventos si estas ratas siguen aquí en sus puestos”, dice un fragmento de los mensajes firmados por un cártel.
Si todo el aparato de seguridad no es capaz de proteger ni a sus propios empleados, ¿qué deben esperar los ciudadanos? ¿De verdad no hay nada que puedan hacer para prevenirlo? ¿Y los equipos de espionaje? No hacen falta estudios especiales para suponer que si Raúl estaba encargado de una investigación de alto riesgo su integridad corría peligro. Razón de más para desempolvar los aparatitos y darles el uso para el que se gastaron millones de pesos.
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Aunque el pleno del Congreso del Estado votó para que se desecharan los dictámenes de la revisión de las cuentas públicas de 2016 y se dijo que eso repondría el procedimiento, el Frente Ciudadano Anticorrupción alertó que se trata de una simulación. Hugo Stevens, vocero de la organización, explicó que su equipo jurídico realizó un análisis a fondo de las leyes de fiscalización aplicables y encontraron que la Auditoría Superior del Estado no puede volver a auditar las cuentas públicas como pretenden hacer creer los diputados.
Esto quiere decir que la ASE solamente revisaría una parte de los dictámenes y el resto quedarían exactamente igual a como fueron entregados al Congreso del Estado antes de que se destapara la red de corrupción. A pesar de ello, no todo parece estar perdido puesto que el mismo Frente Anticorrupción encontró disposiciones legales que obligarían a la ASE a examinar puntos específicos siempre y cuando exista una denuncia.
Por esa razón dieron una conferencia de prensa para invitar a la ciudadanía para que presente una denuncia sobre puntos específicos de las cuentas públicas y de esa manera forzar a la Auditoría a que examine por segunda vez y a detalle los documentos. Además, pidieron que se hagan públicos los 113 informes finales de la auditoría, con todo y sus anexos. Que se den a conocer los pliegos de observaciones y las hojas de trabajo elaboradas por los auditores.
Como está presente el temor fundado de que se contrate a un despacho particular para verificar la actuación de la ASE en la revisión de las cuentas públicas, los integrantes de dicha agrupación sugirieron que en su lugar se elija a varios abogados honorables para que realicen una nueva auditoría. La presencia del notario Eduardo Martínez Benavente en la rueda de prensa despertó las esperanzas entre quienes lo ven como el auditor que San Luis necesita. ¿Sucederá el milagro?
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Desde ayer circularon en redes sociales varias fotografías y videos de un automóvil McLaren 570S, cuyo precio supera los cinco millones de pesos, que fue visto en las calles de San Luis Potosí. ¿De quién es? Es la pregunta que inundó las pantallas de los celulares de los potosinos.
Seguramente hay un reducido grupo de habitantes en el estado con la capacidad para adquirir el lujoso McLaren; no obstante, sólo alguien que se sepa intocable por la delincuencia organizada se atrevería a ostentarse como dueño de ese objeto en una ciudad cada vez menos segura.
