María Elena Yrízar Arias
La 58 Legislatura del Estado emitió el 2 de diciembre de 2008 el Decreto 537 para que el ayuntamiento potosino pudiera concesionar el servicio de recolección de la basura. La autorización del Poder Legislativo se publicó en el Diario Oficial del Estado el 6 de diciembre del mismo año. El 3 de febrero de 2009 el Cabildo capitalino aprobó las bases de la convocatoria para licitar la recolección de basura y 10 días después se dio la concesión a la empresa regiomontana Red Ambiental Vigue, misma que suscribió el contrato con el ayuntamiento por una vigencia de 15 años.
Así, el servicio se estuvo dando regularmente por la concesionaria, hasta que el día 21 de enero pasado se dio a conocer públicamente que la empresa suspendía, sin previo aviso, la recolección de la basura en la ciudad de San Luis Potosí, con el argumento de que le adeudan aproximadamente 100 millones de pesos. Consecuentemente, el municipio se vio obligado a enfrentar la situación en forma emergente.
En la referida fecha, el vocero del municipio capitalino, David Reza, dijo que confiaba en que existiera “mesura” por parte Vigue, porque la afectados es la población. Pero es obvio que la empresa tiene sus propios intereses, que defenderá a capa y espada de ser necesario, no obstante que ya previamente le había embargado al ayuntamiento un terreno municipal que al parecer cubre el monto de la deuda, con la cual el municipio capitalino dice que la empresa ya se cobró la deuda o se garantizó con ese predio. Por eso el municipio afirma categóricamente que no es cierto que le deba dinero a Vigue.
Al inicio del conflicto de la basura municipal, el diputado Jesús Cardona Mireles dijo que el Congreso potosino estaba listo para mediar en el conflicto, siempre y cuando una de las partes lo solicite.
Así las cosas, el ayuntamiento ha hecho esfuerzos por suplir la falta de recolección de basura por parte de la empresa, situación que no es para nada fácil de solucionar. La prueba está en que la ciudadanía se ha quejado de la insuficiencia que tiene el municipio para recoger el total de los desechos. Los enemigos políticos han sacado provecho de esta situación, ya que ha sido tema de análisis, discusión y críticas por todos lados. Se ha hecho suficiente leña de este árbol caído.
Después de 15 días del conflicto basurero, el Cabildo capitalino votó por mayoría a favor de un dictamen que contiene la propuesta de solución del problema, para revocar el título de concesión de prestación de servicios a la empresa Vigue, ya que consideran que hay irregularidades, se han hecho pagos excesivos y cobros improcedentes, además, en ese dictamen plantean la necesidad de pedir la intervención del Congreso en el conflicto que se tiene con la empresa Vigue y que se basa en la suspensión del servicio, como falta grave para rescindir el contrato, así como algunas anomalías en la colocación final de la basura en el predio denominado Peñasco. Lo anterior obedece al hecho de que si el Congreso aprobó la medida de la concesión de la basura, ahora se le pide al mismo Congreso que la revoque.
Lo anterior provocó inmediatamente reacciones, desde luego por los intereses tanto económicos como políticos que hay de por medio, así que la primera consecuencia se dio al interior del Congreso estatal, ya que hubo un tremendo sainete que protagonizaron la tarde del martes en el salón de plenos el diputado Enrique Flores Flores y el regidor capitalino Raymundo Ramírez Urbina, ambos del PAN, quienes, según testigos, llegaron a los golpes por el caso Vigue. Aunque se ha tratado de mantener en el hermetismo lo sucedido, trascendió que los hechos se registraron alrededor de las 14 horas, luego de que Raymundo Ramírez acudiera al recinto legislativo a “informarles” a los diputados de la votación del Cabildo, en donde, con su voto, se determinó cancelar la concesión a Vigue, y el primero le reclamara su postura y lo acusara de traidor, según la nota periodística publicada en http://elheraldoslp.com.mx/2016/02/10/arman-sainete-en-el-congreso-diputado-y-regidor-panista-por-caso-vigue/.
Las consecuencias del problema apenas empiezan. Se pueden solucionar mejor con un mal arreglo que con un buen pleito, que resulte largo, costoso, desgastante y perjudicial para las partes. La palabra la tiene el Congreso. Habrá que ver si hay oficio político.
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