Guillermo Luévano Bustamante
Ayer, durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción en Los Pinos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió perdón al pueblo de México por “la percepción” de que incurrió en actos de corrupción con la compra de una casa que hiciera su esposa, Angélica Rivera, al Grupo Inmobiliario Higa, proveedor beneficiario del gobierno federal, bajo acusaciones de favorecimiento ilícito.
El presidente afirma que aunque no incurrió en ninguna ilegalidad en ese acto se dañó la percepción de la gente sobre su gobierno. Admite, sin embargo, que fue un error y por ello se disculpa. Ya se escribirán numerosos análisis políticos, periodísticos y hasta jurídicos sobre el alcance de la disculpa presidencial y su acto de contrición a destiempo, en todo caso admite que una parte de la sociedad mexicana percibe a su gestión como manchada por la corrupción, por esta acusación que en su momento documentaran ampliamente la revista Proceso y el equipo de la periodista Carmen Aristegui.
Aparte, en San Luis Potosí, después de la inauguración de la Feria de las Universidades, el alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo, “confesó” que no se ha titulado, que concluyó sus estudios universitarios pero no obtuvo la cédula de licenciatura en derecho. El título universitario es irrelevante y hasta innecesario constitucionalmente para ocupar un cargo de elección popular. Tampoco un grado académico asegura honestidad o eficiencia en la administración de los recursos públicos o en la gestión de los problemas de la comunidad. La aclaración puede ser fútil, más aún en el contexto en que el cuestionamiento más fuerte sobre la administración actual tiene que ver con la asignación de compras millonarias sin licitación a una proveedora de la que no se sabe nada más que su nombre.
El presidente municipal de San Luis Potosí –como el presidente de la República– aclara lo más insignificante y se resiste a profundizar en lo relevante. En ambos casos la prensa crítica de investigación ha documentado indicios y pruebas de conducción indebidas que apuntan a la corrupción gubernamental, al favorecimiento de particulares por medios ilícitos, pero se evade el fondo por retocar la formita.
La semana pasada, tras el ímpetu gallardizador de la alcaldía concretado en las pintadas amarillentas de bardas, infraestructura vial y hasta edificios cuando vino la reacción del diputado local José Luis Romero que acudió voluntarioso a pintar de blanco una barda que de amarillo habían puesto empleados municipales, acción de la que fue repelido por simpatizantes de Gallardo que luego pintaron su casa de amarillo en represalia, se demostró el uso reactivo de las fuerzas vivas del gallardismo.
Más allá de la polarización de la sociedad en grupos “gallardistas”, “antigallardistas” y gente a la que ni le va ni le viene el color con que se pinte la ciudad, con tal de que la autoridad municipal la mantenga en buen estado, me parece que hay que prevenir sobre el uso vengativo de la reacción de simpatizantes del alcalde. No es la primera vez que esa expresión política hace gala de desdén sobre los cuestionamientos a su actuación pública e intolerancia a la crítica política o periodística. Ya se refirió con desdén a la prensa, a los opinantes que le requieren transparencia, y ahora están pasando a los hechos. No hace muchos días el diputado local gallardista Desfassiux pretendió insultar a los taxistas homofóbicamente, lo que suma uno más a su propia lista de desatinos públicos. Han llegado con fuerza electoral y están haciendo demostración de fuerza política. Se vuelve más necesaria mantener la vigilancia ciudadana sobre su actuación, someterlos al escrutinio, a la crítica.
Un meme resumía la disputa entre el diputado Romero y la administración municipal de Gallardo: un fragmento del episodio de la serie animada en que la pantera rosa y su antagónico el hombrecito blanco pintan una misma superficie de un color distinto cada cual y se disputan por hacer prevalecer el propio. Eso son: una caricatura.
Twitter: @guillerluevano
