Carlos López Torres
La deslegitimación de los poderes y su divorcio respecto a la ciudadanía es un signo de los tiempos que transcurren en el país. Como afirmábamos ya en otro momento, este proceso típico de la fallida gobernanza de la clase política mexicana, se refleja de manera particular en cada entidad dependiendo de las circunstancias y la debilidad de las instituciones existentes.
En el marco del rechazo al gasolinazo, en medio de la diversidad de manifestaciones pacíficas escenificadas por los ciudadanos, transportistas y estudiantes, entre otros sectores de la población, durante los últimos días, se ha evidenciado que es el Congreso del Estado con sus respectivas bancadas, la institución con mayor desgaste político.
El grado de deslegitimación al que ha llegado la institución parlamentaria en San Luis Potosí ha puesto en jaque las pretensiones de no pocos diputados de reelegirse en 2018, dada su inoperancia y proverbial modorra, independientemente de su pérdida de credibilidad ante la incoherencia patentizada una y otra vez no obstante los graves problemas que afectan a la población.
Acaso por ello, resulta francamente imposible que la Cámara de Diputados como institución, se pronuncie en contra de las reformas estructurales que ellos aprobaron y aplaudieron en su momento, como lo demanda #CambioPorSanLuis, organización de ciudadanas y ciudadanos que advierte en oficio entregado a los diputados sobre el tremendo impacto que dichas reformas han tenido para la población en general, especialmente el que tiene que ver con el gasolinazo que afecta el plano económico desde antes de su puesta en práctica.
La inminente alza a la tarifa del transporte urbano, ante la exigencia de los permisionarios que mal prestan el servicio, quienes exigen un aumento mínimo de 30 por ciento dado el incremento de los combustibles, además de lo establecido en la ley de la materia que rige el transporte cuyo aumento automático debe ser proporcional al aumento del salario mínimo, hace prever una negociación complicada, según lo advierte el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes del Congreso local.
El ejemplo anterior no es sino una señal de la obsolescencia de algunas leyes ante la demanda ciudadana de mayor participación en la toma de decisiones y elaboración de legislaciones que tienen que ver con la vida de la sociedad, con las colectividades cada vez más afectadas de diferentes maneras por la aprobación sin consulta alguna de leyes, que además se cumplen a medias en el mejor de los casos, por los gobernantes.
Más sensible a la ingobernabilidad que vive el país y a las exigencias ciudadanas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, ha mandado decir al subsecretario de Enlace Institucional Ángel Castillo Torres, que en lugar de enfatizar el tema electoral ante los obedientes diputados, como lo venía haciendo, mejor priorice lo relacionado con la empolvada iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción y la transformación de la obsoleta y viciada Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente.
Otras legislaciones como la que tiene que ver con la participación ciudadana y la relacionada con los temas de la revocación del mandato y el desafuero, requieren un impulso inmediato ante el hartazgo ciudadano que no quita el dedo del renglón demandando que se vayan los gobernantes, empezando por los insensibles diputados.
