Iván Restrepo
El pasado 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el comité de expertos que debe establecer las reglas para explotar, “con los más modernos sistemas existentes”, los yacimientos de gas natural que posee el país, por medio del llamado fracking. Lo conforman más de 40 especialistas en temas relacionados con dicha técnica y que laboran en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades. Según la mandataria, ellos deben responder asuntos como dónde es factible utilizar dicho sistema y dónde de ninguna manera.
Como otros articulistas lo han señalado en La Jornada, se trata de una técnica muy cuestionada, especialmente por las comunidades donde se realizaría y por los defensores del medio ambiente. Por eso al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador la prohibió aunque ya se utilizaba en una cuantas zonas. Todo su sexenio exigió prohibirla legalmente, sin éxito. Al inicio de su mandato, su sucesora, reiteró que no la permitiría. Ahora, cambió de parecer.
En la mañanera del pasado 6 de agosto, el citado comité científico presentó las primeras conclusiones de los trabajos que realizaron los últimos tres meses; entre ellas, que se iniciará una serie de estudios en el norte del país para determinar si es viable la extracción de gas natural mediante el fracking. El propósito: fortalecer la soberanía energética, pues se importa de Estados Unidos 70 por ciento del gas que el país consume, especialmente para generar energía eléctrica. La Presidenta enfatizó que todavía no se decide autorizar la explotación de gas mediante dicha técnica, y que lo que esa mañana se presentaba correspondía sólo a la evaluación científica y técnica de los yacimientos.
Agregó que el objetivo es conocer, con datos científicos confiables, en qué zonas podría ser viable dicha explotación, cuáles deben descartarse por razones ambientales y qué condiciones tendrían que cumplirse antes de considerar cualquier proyecto de extracción. Reiteró que el proceso se realizará con transparencia y se darán a conocer públicamente las conclusiones del comité. Se trata, insistió, de equilibrar tres prioridades: 1. fortalecer la soberanía energética; 2. garantizar la justicia social y, 3. minimizar los efectos ambientales y evitar afectaciones a la población.
Con base en todo lo anterior, el comité propuso comenzar trabajos de exploración en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, y en varias zonas de Coahuila, donde se perforarán pozos profundos para confirmar la existencia de agua salada en formaciones geológicas que podría utilizarse durante el proceso de fracturación hidráulica. Los expertos subrayaron que antes de considerar la posibilidad de realizar en esos dos sitios labores de extracción, debe comprobarse que esos cuerpos de agua salada no se comunican con los acuíferos de agua dulce que abastecen a las ciudades y comunidades de la región.
Está bien divulgar la posición de los científicos, pero es fundamental escuchar y atender la opinión de las comunidades en torno al fracking. Precisamente la entrega de La Jornada Ecológica, que puede consultarse desde hoy, reúne la opinión de grupos sociales y agrarios que llevan años oponiéndose a dicho sistema. Documentan los problemas que causa en Estados Unidos y cómo en 2013 se integró la Alianza Mexicana contra el fracking, la cual intercambia información con organizaciones de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Bolivia y Brasil, por ejemplo. Con ellos forman la Alianza Latinoamericana frente al Fracking.
En el suplemento, especialistas en las ciencias exactas y las sociales, en derechos humanos, así como varias comunidades agrarias, exponen los motivos de su oposición. Y los ilustran con textos sobre los efectos en la vida de quienes habitan, por ejemplo, en la cuenca Tampico Misantla y el Paleocanal de Chicontepec, en la Sierra Norte de Puebla; la Huasteca Potosina y la zona de Poza Rica-Papantla, en Veracruz. También lo que significaría el fracking en áreas naturales únicas, como el golfo de California. En fin, concluyen que dicha técnica no debe regularse sino prohibirse.
Ya expuso su parecer el gobierno federal y los expertos que seleccionó. Falta escuchar a las comunidades que potencialmente pueden padecer los efectos nocivos del fracking.
