Renata Terrazas*
Las designaciones públicas son un tema que poco a poco va ganando terreno en la agenda pública nacional, pero que aún son un espacio plagado de intereses personales.
El tema cobró importancia cuando el nuevo diseño institucional en México se vio limitado por titulares incompetentes que no lograban, o no querían, llevar a las instituciones a su máximo potencial. Así, la batalla por la democracia, que comenzó con la construcción de marcos normativos e institucionales, pronto se topó con un reto situado en el corazón del poder.
Hoy en día, las designaciones públicas se han convertido en un campo de batalla donde un sector de sociedad civil cada vez más amplio busca que las instituciones garantes de derechos, universidades públicas, institutos de salud, instituciones económicas y financieras, entre tantos otros, sean lideradas y aconsejadas por los mejores perfiles.
Ejemplo de ello es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en donde la sociedad civil colocó en el centro de las discusiones la designación de las y los titulares de las siete instituciones que conforman el sistema. Comenzó con un proceso de designación transparente, abierto y participativo del Comité de Participación Ciudadana (CPC); sin embargo, en el camino se ha plagado de procesos menos transparentes y con nula participación ciudadana como el caso de los magistrados anticorrupción o el eterno proceso para la designación del fiscal.
Diferentes organizaciones civiles y académicos que buscan construir un México más justo y democrático han visto que en la designación de las y los titulares de las instituciones públicas se encuentra un nodo de corrupción. Actores políticos negocian quién será la persona que decida los casos de corrupción que serán investigados, la persona detrás de la institución encargada de generar información sobre política pública en materia de salud, o de quién ingresará a la Suprema Corte de Justicia y de esta forma decidirá sobre los temas legales de mayor relevancia para el país.
Las miles de designaciones que anualmente se hacen en México pasan por una discusión dentro de la clase política donde se privilegia la ganancia política. No se busca al más apto, se busca al cuate que cubrirá las espaldas, al amigo que ayudó en la campaña o a quién se le deba algún favor. Si están preparados o no parece no importar.
Teníamos estos procesos tan normalizados, antes no eran visibles porque el partido hegemónico no daba pie a discusiones de este tipo, sin embargo la transición democrática prometía instituciones eficaces que garantizaran derechos y fungieran como contrapeso, pero la realidad nos alcanzó. Vimos cómo instituciones tan relevantes en nuestra tambaleante democracia dejaban de funcionar y caían en perversiones; ejemplo de ello está el instituto electoral, el órgano de transparencia, la comisión de derechos humanos, la rectoría de la máxima casa de estudios, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas estas instituciones, en algún momento, han sido dirigidas por incompetentes que las han llevado al descrédito y a la pérdida de legitimidad.
La tentación de la clase política de capturar las instituciones democráticas se incrementa en momentos de incertidumbre en la sucesión política. Hoy en día los partidos políticos carecen de certeza sobre los resultados de elecciones tanto nacionales como estatales. En los últimos años hemos visto alternancias partidistas que si bien no han redituado democráticamente hablando, han sido suficientes para generar miedo entre una clase política de pocas miras. El miedo les viene por imaginarse perseguidos por el otro partido mediante la puesta en marcha de las instituciones encargadas de controlar al poder.
Esta captura se da mediante el control del proceso de designación. El caso del SNA deja claro cómo los legisladores, que forman parte de esta maquinaria de concentración de poder, buscan al menos dos cosas: 1) asegurarse de poner al frente a una persona afín a sus intereses y que en el futuro no los perjudique, o 2) utilizar el proceso de designación como moneda de cambio.
¿Por qué se atoran los procesos de designación o ratificación en el Senado? A una le encantaría pensar que es por un exhaustivo debate en la Cámara Alta, pero la realidad es burda, se esperan a lograr los acuerdos partidistas, a que culminen las negociaciones que, en contextos electorales o cercanos a ellos, se tornan aún más turbios.
Si bien en el Senado existen comisiones que en teoría evalúan a las y los candidatos a puestos públicos o que analizan las propuestas del Ejecutivo para las ratificaciones, la decisión se toma en la Junta de Coordinación Política, espacio plagado de decisiones que privilegian los intereses privados, el de los partidos.
Hay varios casos dignos de ser nombrados como muestra de que existen otras formas de realizar los procesos de designación, sin embargo más de 90 por ciento de los procesos son opacos y carecen de mecanismos para que la ciudadanía participe. Nunca se ha tornado más urgente sumar esfuerzos para arrebatar las designaciones públicas de la pugna política. Nuestras instituciones están en juego y en la medida que al frente sigan incompetentes y corruptos, jamás lograremos combatir la corrupción ni eliminar la impunidad.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
