Guillermo Luévano Bustamante
El viernes pasado se difundió en los medios de comunicación locales una nota donde se consignaba que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión Ambiental, Yvett Salazar Torres, informaba sobre el caso del proyecto de tiradero de residuos tóxicos industriales en el predio Palula en el municipio de Santo Domingo. Revisé diversos medios, por sí había sesgo en alguna de las notas informativas, pero al parecer más o menos reproducen las declaraciones de la secretaria del rubro medioambiental.
La titular de la Segam afirma, por un lado, que la dependencia a su cargo no ha tenido ninguna injerencia en las autorizaciones administrativas a favor de la empresa encargada del proyecto “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV”; por otro lado, dice que no tiene conocimiento de ninguna denuncia contra dicho proyecto.
Es verdad que la secretaría ambiental potosina no ha concedido autorizaciones, en tanto que las autoridades implicadas han sido el ayuntamiento de Santo Domingo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la federación, por acción, y otras tantas autoridades por omisión, lo que me llama especialmente la atención de la afirmación de la funcionaria es su desconocimiento sobre la denuncia popular que ya fue depositada hace una semana en las oficinas de su dependencia. Supongo que la declaración la hizo el jueves previo o el mismo día de su publicación el 4 de marzo. Por lo menos desde dos días antes se encuentra en la oficialía de partes de la Segam la denuncia popular interpuesta por la ciudadanía y representantes del Comité en Defensa del Territorio de Santo Domingo. Me parece que por la relevancia del caso el personal de la dependencia debía haber avisado a su titular de la presentación de ese instrumento jurídico.
La denuncia popular es un mecanismo que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y que busca incentivar la participación ciudadana en el control y vigilancia de las prácticas ilícitas que sean lesivas a la naturaleza, se supone que prácticamente cualquier persona puede poner en conocimiento de las autoridades administrativas ambientales las afectaciones al entorno saludable que presumiblemente sean ilegales. No obstante, sus alcances son limitados, por las orientaciones de las propias autoridades y por las deficiencias en la observancia de la ley.
Baste ver, por ejemplo, al titular de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Medina Salazar, quien unos días antes aseveró ante la prensa que el proyecto Palula cumple con todas las normas y que sólo le falta acentuar la “labor de convencimiento a la población”. El funcionario oficioso habla casi en representación de los intereses de la empresa. Es notable, además, que afirme que la empresa cumple todas las normas, porque entre las dos versiones de la Manifestación de Impacto Ambiental y los demás documentos suman más de mil fojas en los expedientes de trámite, sería inusual que el funcionario conociera a cabalidad esa información para defender la legalidad del confinamiento tóxico; y en todo caso, su legalidad se está dirimiendo ante la justicia, aunque más van sobrando los motivos para inferir que no es legal, de los dichos y documentos de los opositores que se han agrupado en el Comité en Defensa del Territorio es posible acreditar que son más las irregularidades que las actuaciones de la empresa y las autoridades apegadas a la legalidad.
Es difícil esperar una actuación diferente de las autoridades medioambientales, es difícil cuando muchas se han coludido con los intereses empresariales en el país para permitir la devastación y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos y comunidades.
Twitter: @GuillerLuevano
