- Más de tres décadas sin cambios
- Sin empleo formal, 33 millones
Carlos Fernández-Vega
En uno de sus recientes informes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en el segundo trimestre de 2026 la informalidad acaparó el mayor crecimiento de personas ocupadas en nuestro país, lo que implica que millones de mexicanos, si bien obtienen un ingreso por las actividades que desarrollan, carecen de los derechos laborales constitucionalmente garantizados, entre ellos la seguridad social, circunstancia que los mantiene en una permanente incertidumbre.
La Jornada reseñó así los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, población de 15 años y más) en el periodo citado: “el total de personas ocupadas en el país, tanto formal como informal, fue de 60.04 millones, lo que representó 599 mil 334 más en relación con igual lapso de 2025, de los cuales 494 mil 607 obtuvieron una ocupación informal. Así, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.1 por ciento, ligeramente superior a la registrada al cierre del segundo trimestre de 2025 en 54.8 por ciento. En abril-junio del presente año, sólo 104 mil 727 personas se colocaron en un empleo formal”.
El citado porcentaje (55.1, proporción que a lo largo de los años prácticamente no se ha modificado) se traduce en que poco más de 33 millones de mexicanos se ocupan en la informalidad. Del empleo y la ocupación reportados por el Inegi, muy pocos trabajadores lograron colarse al mercado formal y, por lo mismo, ejercer sus derechos constitucionales. Sin embargo, este panorama, lejos de ser un exclusivo de la realidad laboral mexicana, forma parte de la regla impuesta a lo largo y ancho del planeta (con distintas proporciones), producto de un modelo económico que siempre privilegia al gran capital y sus crecientes utilidades a costillas del bienestar de la mayoría, o, lo que es lo mismo, aquel que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
De acuerdo con la estadística del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe 55 por ciento de la población en edad y condición de laborar se ocupa en la informalidad, una realidad que los gobiernos regionales no están muy interesados en modificar, toda vez que disfraza a quienes sobreviven en la informalidad laboral de “autoempleados”, “emprendedores”, “trabajadores por cuenta propia”, “empleados domésticos” y eufemismos por el estilo.
Cierto es que en otras regiones del planeta el balance es peor, como en Asia meridional (80 por ciento), África subsahariana (78 por ciento), Oriente Medio y norte de África (63 por ciento) y Asia oriental y el Pacífico (57 por ciento). Así, América Latina y el Caribe aparece como la de “menor” tasa de informalidad, aunque ello no es para presumir.
La información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aporta lo siguiente: en 1990, la tasa regional de informalidad fue de 54.5 por ciento; cinco años después creció a 55.7 y para 2000 se incrementó a 57.8. Veintiséis años después se ubica en niveles similares a la observada tres décadas y media atrás, lo que documenta que a los gobiernos que van y vienen y a los generadores de empleo formal les tiene sin cuidado disminuir la ocupación informal.
El Banco Mundial señala que 55 por ciento de los trabajadores en América Latina se ocupa en la informalidad, una proporción “que se ha mantenido alta durante casi dos décadas, y este es sólo uno de los datos claves que se debe tener en cuenta para lograr un objetivo fundamental para el futuro de la región: crear empleo de calidad y adaptar los sistemas de protección social a una economía cambiante para garantizar una mayor cobertura en ese renglón, avanzando hacia un mayor bienestar para las familias y personas. Quedarse de brazos cruzados no es una opción, especialmente cuando la región enfrenta el reto demográfico de integrar a millones de jóvenes al mercado laboral; crear más y mejores empleos no es sólo un objetivo económico, sino condición fundamental para ampliar oportunidades y promover prosperidad más inclusiva”.
Las rebanadas del pastel
Otra campaña sucia y desinformadora: “los mexicanos con doble nacionalidad no podrán votar” si se aprueba la reciente iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidente Claudia Sheinbaum, cuando en realidad lo que establece es que aquellos que aspiren a la candidatura presidencial, gobiernos de los estados o jefatura de Gobierno “renuncien a otra nacionalidad que pudieran tener, porque el objetivo es que para ejercer estos cargos únicamente sean mexicanos”. Nada dice de impedir el voto… Besos y apapachos a la dueña de mi sistema cardiaco por una velita más en nuestro pastel. Gracias por la paciencia.
X: @cafevega
